Febrero 2017

Militantes y simpatizantes socialistas se reunieron ayer en la sede provincial de este partido en el primero de un ciclo de debates organizado por la Comisión Gestora de la Agrupación Municipal de Guadalajara para analizar los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. En este primer encuentro se abordó la situación de la educación con la presencia de responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezados por el director provincial de Educación, Faustino Lozano.

Los asistentes constataron los avances en esta materia desde que Emiliano García-Page gobierna en la región, cuyo objetivo es revertir progresivamente los graves recortes impuestos por el Gobierno de Cospedal. En este sentido, destacan medidas como la reapertura de escuelas rurales, la reducción de la ratio de alumnos por aula, las mejoras en el transporte o el incremento de las becas de comedor.

El encuentro sirvió también para poner de manifiesto que el PSOE considera necesario trabajar por un Pacto Educativo Nacional, que puede ser más factible en la coyuntura política actual, sin mayorías absolutas y con la obligación de llegar a acuerdos para sacar adelante las reformas. De hecho, ya ha sido posible alcanzar logros concretos, como acabar con las reválidas que pretendía implantar el PP.

En este marco, los socialistas defenderán una serie de propuestas entre las que ocupan un lugar prioritario universalizar la escolarización de los menores de tres años, estudiar la ampliación de los ciclos obligatorios hasta los 18 años o incrementar los recursos para educación hasta recuperar inicialmente el 5% del PIB que se destinaba antes de los recortes del PP y llegar después hasta el 7%.

El ciclo iniciado ayer con la educación continuará en las próximas semanas con debates sobre sanidad, economía y empleo, urbanismo y modelo de ciudad y situación del Estado de Bienestar.

El pasado 3 de febrero, en sesión ordinaria de Pleno, en la presentación y exposición de los presupuestos 2017, en el concepto 13000 correspondiente al IAE, se reflejaba la cantidad de 700.000 euros que en el ejercicio anterior había sido de 692.885,86 euros puestos al cobro según los padrones del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Guadalajara.

El PP de Brihuega quiere confundir a los vecinos o desconoce a estas alturas que la Excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara tiene cedida por este Ayuntamiento la gestión y la recaudación del IAE desde 1988.

Es cierto que el recibo correspondiente al ejercicio 2016 aparece con una diferencia de 309.077,63 euros con respecto al del año 2015, diferencia que se sustenta en que para la emisión de dicho recibo se ha tenido en cuenta el coeficiente de 2,6 fijado en la ordenanza municipal (BOP NÚMERO 54, 5 DE MAYO DE 2015) pero no recoge el incremento de potencia de 24.765 KW fijado en el Laudo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje que este Ayuntamiento firmó con Enagás en 2015. En el recibo correspondiente al 2016 sigue apareciendo una potencia de 12.000 kw, potencia sobre la que se liquidaba anteriormente. El Ayuntamiento es consciente, porque tiene documentación que lo acredita, que la empresa Enagás ha solicitado en Hacienda dicho incremento de potencia con efectos 1 de enero de 2016. Sin embargo, esos datos no han sido incluidos ni remitidos a Diputación durante el ejercicio 2016. El Servicio Provincial de Recaudación hará, en el momento que reciba los datos correctos de la Agencia Tributaria, una liquidación complementaria por el importe correspondiente. Por lo tanto, ni ningún regalo ni ninguna pérdida, sólo la confianza de que Diputación está haciendo su trabajo, como nos explica en diversos escritos.

Dicho Servicio de Recaudación nos informó que está pendiente de recibir el cambio de potencia y la liquidación complementaria de 2016 para su cobro, y dicho cobro se asignará a la partida correspondiente de ingresos para 2016, por lo que hasta que eso no ocurra el Ayuntamiento no puede saber cuál será la cuota real de 2016 y cuál será la de 2017.

Por lo tanto, no es cierto que el Ayuntamiento haya regalado nada ni dejado de recaudar nada que no le corresponda, por lo que se pide al PP de Brihuega que sea prudente y que antes contraste la información, pues la prudencia es una virtud sólo reservada a quienes tienen buena voluntad política.

El secretario general del PSOE de Guadalajara y diputado en el Congreso, Pablo Bellido, ha asegurado que este partido ha demostrado en los 100 primeros días de legislatura que “está haciendo una oposición útil, cambiando las cosas para mejorar la vida de las personas”. En este periodo han salido adelante una decena de iniciativas –unas veces acordadas con el resto de grupos de la oposición y otras con el Gobierno–, todas con el denominador común de mejorar de manera directa los derechos económicos, sociales y civiles de los ciudadanos.

“Esto demuestra que con quien acuerda el PSOE es con la gente, con todas esas personas que han visto mejoradas directamente sus condiciones de vida gracias a la tarea que estamos desarrollando los socialistas”, ha afirmado Bellido. Más de 15 millones de personas –miles de ellas de Guadalajara– han podido comprobar “que estamos consiguiendo cambios reales y aprovechando nuestra capacidad de influir en las decisiones para recuperar derechos que fueron cercenados por el PP en la legislatura que gobernó con mayoría absoluta”.

En este sentido, ha recordado avances como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en más de un 8% –que es la segunda mayor de la historia, tras la que lideró en 2005 el presidente Zapatero con un 11,4%–, la eliminación de las reválidas para los estudiantes y la derogación en la práctica de la LOMCE, o el acuerdo para que los perjudicados por cláusulas suelo reciban el dinero que les fue cobrado injustamente. También ha sido decisiva la participación del PSOE en iniciativas para evitar que se corte la luz a familias vulnerables y en apoyo del Ingreso Mínimo Vital para quienes carecen de ingresos.

Igualmente, se han propiciado cambios en leyes aprobadas por la mayoría absoluta del PP –como la reforma laboral– mediante acuerdos con otros grupos de la oposición para equiparar los derechos y salarios de los trabajadores subcontratados a los de la empresa matriz, así como un Pacto de Estado contra la violencia de género y un Sistema de Garantía Juvenil para facilitar el acceso de los jóvenes desempleados a los fondos europeos.

Finalmente, el esfuerzo del PSOE ha conseguido arrancar más recursos económicos para financiar el Estado de Bienestar con 4.000 millones de euros más de los que van a disponer las comunidades autónomas –para sanidad, educación, dependencia y servicios sociales–, y otros 4.500 millones para los ayuntamientos, que podrán destinar el superávit a inversiones y planes de empleo.

Pensionistas más pobres por las políticas del PP
Mientras tanto, el Gobierno del PP sigue sin ser capaz de dar respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos y está amenazando la recuperación económica, además de impedir que llegue a la mayoría social y de poner en peligro elementos esenciales del Estado de Bienestar, como las pensiones.

Bellido ha recordado que el PP y Ciudadanos han vetado una proposición de ley del PSOE para que las pensiones subieran al menos el 1,2% –la subida del Gobierno se ha quedado en un 0,25%– y evitar así la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo. “Cerca de 40.000 pensionistas de Guadalajara van a ser más pobres este año porque el PP se empeña en mantener una política que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo”, ha lamentado el responsable socialista.

El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha anunciado que va a emprender de inmediato acciones legales para evitar que prospere la operación urdida por el PP para comprar el voto de la diputada tránsfuga de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, a cambio de concederle una dedicación exclusiva retribuida con 49.000 euros anuales. “Mantenemos el propósito de acudir a la justicia, por un lado para impugnar por vía administrativa un acuerdo que consideramos ilegal, y por otro para exigir las responsabilidades personales de todo tipo, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este apaño”, ha explicado el portavoz socialista, Julio García.

La vía administrativa se abrirá de manera inmediata mediante un recurso de reposición ante la propia Diputación. En este escrito se pedirá la revocación del acuerdo del pleno del pasado mes de enero que materializó la compra del voto de la diputada tránsfuga otorgándole una dedicación exclusiva por el mero hecho de tener delegada la presidencia de una comisión informativa. “Lo vamos a hacer así porque queremos que se emitan informes que digan expresamente si el acuerdo cumple la ley y el Reglamento de la Diputación. Estamos convencidos de que no es así y los informes emitidos hasta ahora no lo hacen”, ha agregado García.

Según ha indicado, la propuesta que presentó el Equipo de Gobierno del PP y fue aprobada con los votos de este partido y de la propia diputada tránsfuga –considerada ahora como no adscrita– no está justificada ni avalada por el informe jurídico emitido, que es anterior a la propuesta. De hecho, únicamente dice que “se hace necesario” modificar los acuerdos sobre dedicación exclusiva aprobados al inicio del mandato tras tener conocimiento de que Ramírez se había dado de baja de Ciudadanos. 

¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?

“De este modo, se está reconociendo de forma expresa que esta es la única razón para concederle una dedicación exclusiva. Se adoptan acuerdos aparentemente sin motivación y sin relación directa con la diputada que abandona su grupo, pero todos están pensados para premiarla por su salida de Ciudadanos. ¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?”, se ha preguntado el portavoz socialista. 

Por otro lado, ha asegurado que el acuerdo incumple tanto el artículo 73 de la ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la propia Diputación. En el primer caso, porque la doctrina del Tribunal Constitucional establece claramente los derechos de los diputados no adscritos –ejercer las funciones de control al gobierno, participar en deliberaciones y votaciones del pleno y obtener la información necesaria para ello–, entre los que no figura de ninguna manera el ejercicio del cargo con dedicación exclusiva retribuida. 

En cuanto al Reglamento de la Diputación –aprobado en 2005 con motivo de la crisis que partió en dos al Grupo del PP–, es aún más restrictivo con los derechos políticos y económicos de los diputados no adscritos, limitándolos a los que les puedan corresponden individualmente por ser miembros de la Corporación, como dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero en ningún caso la dedicación exclusiva.

Además, García ha insistido en que el Equipo de Gobierno del PP ha tratado de vincular la dedicación exclusiva de la diputada tránsfuga con su condición de presidenta de Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, como si esta no tuviera que ver con su anterior pertenencia a Ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que era uno de los compromisos expresos del acuerdo de investidura suscrito entre ambas formaciones, según han reconocido públicamente sus responsables.

Información falsa e insidiosa sobre el Consorcio de Residuos

Por otro lado, el portavoz socialista ha denunciado la “versión falsa, insidiosa y falta de respeto” que difundió ayer el Equipo de Gobierno de la Diputación sobre el archivo de un recurso presentado por varios ayuntamientos contra la supresión de la Asamblea general de este organismo. 

“No se puede ofrecer una información más tramposa y apartada de la realidad. El archivo del recurso se ha producido como consecuencia de que la propia Diputación decidió anular el acuerdo que lo motivó. Por tanto, lo que ha hecho el juzgado es lo correcto: anulado el acuerdo, deja de tener objeto el recurso”, ha insistido. De hecho, la rectificación del Equipo de Gobierno del PP al anular su propio acuerdo, a la vista de que iba a perder el recurso, lo que hace es precisamente dar la razón a los ayuntamientos.     

Ahora, el PP ha querido blanquear el acuerdo anulado aprobando otro idéntico un año después. Pretende evitar así lo que iba a ser una condena segura por incumplir el artículo 110 de la ley de Bases de Régimen Local, que ahora ya se encuentra derogado, pero en diciembre de 2015 estaba vigente.  Pese a ello, se mantienen aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de privar a los pueblos de voz y voto en los órganos de participación y control del Consorcio de Residuos.

El acuerdo adoptado en diciembre de 2015 por el Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara –con el apoyo de la entonces diputada de Ciudadanos– sobre organización de los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos, contra el que habían presentado un recurso judicial varios ayuntamientos que se consideraban perjudicados, fue anulado este último mes de diciembre por decisión del propio Equipo de Gobierno. Por tanto, el juzgado no ha hecho ahora más que atender al sentido común y archivar la causa que seguía contra un acuerdo que ha sido revocado por quien lo tomó.

“De hecho, lejos del triunfalismo que ha mostrado el Equipo de Gobierno de la Diputación, lo que ha quedado en evidencia en este caso es que los ayuntamientos teníamos razón, y así lo han tenido que reconocer el propio Equipo de Gobierno al rectificar su posición. Estaba tan claro que el acuerdo era contrario a la ley que no ha tenido más remedio que dar marcha atrás. Por eso, lamentamos que el diputado responsable de esta área trate de confundir a la opinión pública y a los ayuntamientos vertiendo falsedades, en vez de ponerse del lado de los pueblos a los que la Diputación debe servir”, ha explicado el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, uno de los que firmaron el recurso.

El PP, empeñado en privar de voz y voto a los pueblos
No obstante, el Equipo de Gobierno del PP sigue empeñado en privar de voz y voto a los ayuntamientos que forman parte del Consorcio de Residuos, y para ello aprobó también el pasado mes de diciembre un nuevo acuerdo que elimina una de las causas que hacían palmariamente ilegal el anterior, pero mantiene aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de expulsar a los pueblos de los órganos de participación y control. El plazo para recurrir contra esta nueva disposición no se ha cerrado aún, y Esteban anuncia que siguen decididos a defender los intereses de los ayuntamientos.

Mientras tanto, sigue abierta la causa judicial contra la decisión de eliminar también la Asamblea General del Consorcio de Extinción de Incendios, impulsada igualmente por el PP y recurrida en los tribunales.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara quiere que el alcalde, Antonio Román, se sume al Plan Extraordinario de Empleo impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contratando al menos a 300 parados de larga duración que no perciben ningún ingreso. La viceportavoz del Grupo Socialista, Pilar Cuevas, ha asegurado que esta sería la manera de mostrar un verdadero compromiso con los vecinos de la ciudad que se encuentran en situación más crítica.

A qué espera el PP de Yebes para desautorizar a Lorenzo Robisco? ¿A qué esperan los populares de este municipio para reprender a su diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha? Este profesional del filibusterismo parlamentario mintió ayer como un bellaco al asegurar que en septiembre se va a meter a los escolares de Yebes y Valdeluz en barracones. ¿De qué antología del disparate se ha sacado este individuo semejante desbarro? ¿Acaso han sido los propios dirigentes del PP de Yebes los que le han ido con ese cuento? A la vista de los hechos, no tenemos la menor duda. Lean ustedes la última nota de prensa de estos señores y lo entenderán. Tiran la piedra y esconden la mano. Una más.

En la reunión que el lunes mantuvo el consejero de Educación con más de un centenar de madres y padres del municipio hubo de todo menos improvisación. Se habló alto y claro. De un lado y de otro. Nadie de los presentes planteó la disyuntiva de la instalación de aulas en barracones. Nadie en su sano juicio interpretó que Felpeto había venido a Valdeluz para decirnos que iban a encerrar a nuestros hijos en casetas de obra. Repetimos: ¡¡¡NADIE!!! Esa retorcida conjetura solo está en la mente del Partido Popular de Yebes. En caso de que no prosperen las acciones que el Ayuntamiento de Yebes ha emprendido para rescatar la concesión administrativa y la titularidad del antiguo colegio ‘Luz de Yebes’, se optará por un edificio de nueva construcción de tipo modular. Como el que funciona en Horche y en otros muchos municipios de esta región. Digno y en condiciones.

En el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Yebes estamos hartos. Hartos de la repugnante estrategia del Partido Popular de Yebes del ‘a Dios rogando y con el mazo dando’. Hartos de que siembren sospechas donde hay claridad meridiana. Hartos de que utilicen a la vecindad como arma arrojadiza. Hartos de que hagan de la trifulca y la descalificación su santo y seña. Hartos de tanta intoxicación gratuita a cambio de nada. Estamos seguros que muchos de nuestros vecinos comparten esa impresión. Ángel Felpeto fue meridianamente claro. Al explicar que las madres y padres de Yebes y Valdeluz tendrán el colegio que ellos quieran para sus hijos. Con las unidades de Infantil que sean necesarias. Y con las aulas de Primaria que se soliciten a través del proceso de escolarización. Dicho en román paladino: tantos niños, tantas unidades. Con aula matinal y comedor. Sí, también con esos servicios. Por supuesto. Pero eso no saldrá de la nada. Para hacer realidad todo esto es necesario demostrar que efectivamente queremos un colegio como mandan los cánones. ¿Cómo? Dando una oportunidad al colegio de Valdeluz mediante la reserva de plaza para el próximo curso en sus aulas. Sin duda, una apuesta de futuro para el porvenir de nuestros hijos. Del 15 de febrero al 15 de marzo nos lo jugamos todo. Es la hora de la verdad.

Porque con la educación de nuestros hijos no se juega, señores del Partido Popular. Si ustedes no tienen pudor alguno en mofarse de las inquietudes, ilusiones, expectativas y necesidades de los vecinos de Yebes y Valdeluz equiparando las aulas del colegio público nº 1 de Valdeluz con una caseta de patos, allá cada cual con su responsabilidad. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y eso sucederá no tardando mucho. Ya les anticipamos que algunos van a quedar retratados de por vida. Porque la ciudadanía va a saber con pelos y señales a qué se ha estado jugando en estos últimos meses. Y saldrán a la luz los tejemanejes y argucias barriobajeras con las que se ha tratado de impedir que Yebes y Valdeluz tuvieran el colegio que se merecen.

Y no diremos más. Solo un último detalle, que demuestra la empanada mental que el Partido Popular tiene encima. Pedía el señor Robisco que los escolares de Yebes y Valdeluz cursen sus estudios en un edificio en condiciones o, de lo contrario, ‘que habiliten las instalaciones del colegio Luz de Yebes’. No se puede ser más pacato ni demostrar semejante ignorancia. Para disponer de esas instalaciones, antes el Ayuntamiento ha tenido que rescatar la concesión administrativa y la titularidad de las construcciones que se levantan sobre la parcela, que es de propiedad municipal. Algo a lo que los suyos, o sea, el Partido Popular de Yebes se ha opuesto sistemáticamente en estos meses. Más claro, el agua. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo dijimos una vez. Una segunda. Y lo repetiremos las veces que hagan falta: Yebes y Valdeluz tendrán un colegio público en septiembre. Pero no será gracias al Partido Popular de Yebes, sino a pesar del Partido Popular de Yebes.

La declaración prevista para hoy del exalcalde del PP en Cogolludo, Jaime de Frías, como investigado (figura conocida anteriormente como imputado) por un presunto delito de malversación de dinero público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara ha quedado pospuesta tras comunicar que se encuentra en prisión. De Frías fue condenado a dos años de cárcel como responsable de un delito de apropiación indebida de más de 600.000 euros por quedarse con el importe de billetes de avión que vendía a través de una agencia de viajes de su propiedad. Los hechos se produjeron en noviembre y diciembre de 2011, cuando ya era alcalde de Cogolludo por el PP.

Pese a que la sentencia era firme desde noviembre de 2014 y llevaba aparejada la “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, De Frías se presentó como candidato del PP en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015. De hecho, solo tras conocerse públicamente esa circunstancia dimitió como concejal y como miembro de la Ejecutiva provincial del PP, de la que formaba parte. Sin embargo, la situación era conocida desde un mes antes de las elecciones por la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, según consta en un documento que le fue enviado por el propio exalcalde. Estos hechos fueron puestos también en su día en conocimiento de la Fiscalía, aunque no se conoce si ha abierto algún tipo de diligencias por ello.

Además, De Frías se enfrenta ahora a una denuncia por malversación presentada por el actual alcalde, Juan Alfonso Fraguas, ante la que el Juzgado de Instrucción número 4 ha abierto diligencias penales en las que se ha personado como perjudicado el propio Ayuntamiento. Tras quedar suspendida la declaración prevista para hoy por esta causa, en los próximos días se señalará una nueva fecha para tomarle declaración.
La denuncia se basa en la utilización de una tarjeta Visa del Ayuntamiento para pagar al menos 8.200 euros en bebidas y alimentos que presuntamente fueron a parar al bar-restaurante que De Frías regentaba en la localidad, y alcanza también a pagos realizados en el establecimiento con la misma tarjeta, que fueron incluidos sin justificación documental alguna como gastos de representación.

Facturas sin contabilizar
Durante su etapa como alcalde, De Frías decidió comprar los suministros de la vivienda tutelada de mayores en una gran superficie comercial –Makro–, en vez de continuar haciéndolo en las tiendas del pueblo. Para constatar si este cambio implicó algún ahorro, el nuevo Equipo de Gobierno pidió copia de la facturación emitida al Ayuntamiento y al recibir la información descubrió con sorpresa que la empresa aportaba 106 facturas, mientras que solo se habían contabilizado 50 en el Ayuntamiento.

Entre las 56 que faltaban había algunas pagadas por terceros (que no se cargaron al Ayuntamiento), pero aparecieron otras 28 que sí habían sido abonadas con la tarjeta Visa del alcalde, aunque nunca fueron registradas, sino que su importe se contabilizó como gastos de representación. En total, suman 8.232 euros, en un periodo que abarca desde abril de 2013 a marzo de 2016, aunque se concentra mayoritariamente en el año 2014 y primeros meses de 2015.

El contenido de estas facturas permite sospechar que el destino de los suministros no era otro que el bar-restaurante del alcalde, puesto que incluyen grandes cantidades de café, bebidas alcohólicas, vinos caros, champán, marisco y carnes, productos que no se consumen en la vivienda tutelada, cuyo menú está elaborado por el médico de la localidad. De hecho, los gastos atribuidos a ese servicio municipal se dispararon en 2014, con un incremento de casi 9.000 euros sobre lo que era habitual en años anteriores, pese a que había menos personas atendidas.

Además, una vez que el exalcalde tuvo que dejar el negocio tras ser desahuciado por no pagar el alquiler de local que ocupaba, tan solo se produce una compra más de estas características. No obstante, incluso después de haber tomado posesión la nueva Corporación municipal hay otras dos compras que no fueron hechas ni autorizadas por esta, lo que lleva a sospechar que De Frías siguió utilizando para uso propio cuando ya no era alcalde la tarjeta otorgada por Makro al Ayuntamiento.

La denuncia pone de manifiesto también el desorbitado incremento de los gastos de representación pagados con la tarjeta del Ayuntamiento, que en su mayoría iban a engrosar las cuentas del negocio del propio exalcalde. Solo en 2014, la cantidad se cuadruplicó en relación con años anteriores y ascendió a un total de 8.538 euros, de los cuales 6.636 fueron abonados en el bar-restaurante regentado por De Frías sin aportar justificante documental del contenido al que corresponden.

Incluso, consta una factura pagada por el Ayuntamiento que corresponde al acta notarial encargado por de la esposa del exalcalde para acreditar el estado en que dejaba el establecimiento del que fue desahuciado por no pagar el alquiler.

Ante las manifestaciones del coordinador de la Plataforma por un Congreso y Primarias, Ya!, de Guadalajara, sobre la utilización de la sede provincial del PSOE de Guadalajara, el secretario del Organización de este partido, Rafael Esteban, quiere puntualizar lo siguiente:

1-. Lamentar la utilización de la militancia y de sus órganos que está realizando el “representante” de la Plataforma Por un Congreso y Primarias, Ya!, de Guadalajara.

2-. La sede del PSOE de Guadalajara siempre está dispuesta para todas las iniciativas que se planteen desde sus organizaciones o corrientes estatutariamente reconocidas, reconociendo el diálogo entre militantes como una fuente de riqueza interna que nos tiene que hacer crecer como partido unido y cohesionado, capaz de afrontar los grandes retos que afectan a nuestra sociedad y trabajar para combatir las desigualdades.

3-. Tras la petición de la mencionada Plataforma para celebrar una reunión el día 8 de febrero en la sede provincial, el secretario de Organización comunicó a su “coordinador” que deberían cursar la solicitud a través de cualquiera de las organizaciones, agrupaciones o corrientes que están estatutariamente reconocidas en el partido, por un principio de responsabilidad compartida. De hecho, cabe recordar que se autorizó sin ningún impedimento la utilización de la sede provincial para constituir la citada Plataforma, previa solicitud cursada por la corriente Izquierda Socialista.

4-. No se ha obtenido respuesta favorable a esta propuesta formulada desde la Dirección del PSOE de Guadalajara, y solo ahora a través de los medios de comunicación se ha conocido la decisión adoptada.

5-. Por último, el secretario de Organización del PSOE de Guadalajara lamenta que no se entienda el procedimiento reglado, y que no se haya informado a los medios y a los militantes de las opciones que existían para celebrar la reunión. En todo caso, confía en la buena fe y el respeto al PSOE que deben tener todos los grupos de apoyo que se formen en torno a cualquiera de las opciones que se conformen de cara a las elecciones primarias que celebrará nuestro partido.

El diputado del PSOE en el Congreso por Badajoz Ignacio Sánchez Amor estuvo ayer en Guadalajara para participar en un coloquio organizado en la sede socialista provincial sobre la situación de los refugiados que buscan acogida en Europa. En su intervención, Sánchez Amor, que es presidente de la Comisión General de Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), aseguró que la “sociedad española está preparada para acoger más refugiados”, y señaló al Gobierno de Mariano Rajoy como responsable directo de que hasta el momento apenas hayan llegado un millar de los más de 17.000 que España se comprometió a recibir.

Aunque se mostró partidario de controlar los flujos migratorios, subrayó que este es un fenómeno con el que hay que convivir, y distinguió el caso de los refugiados, que tienen reconocidos internacionalmente una serie de derechos por huir de países en conflicto. “Los países de acogida tienen la obligación de ayudarles”, afirmó. En este sentido, lamentó que los países europeos no estén respondiendo a los compromisos adquiridos con la Unión Europea, a la que utilizan como excusa cuando la realidad es que son los propios estados los que están poniendo trabas.