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“Latre confunde su labor institucional como presidente de la Diputación con sus actividades de partido”

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El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha denunciado que el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, “confunda la labor que corresponde a ese cargo con sus actividades de partido, y utilice el nombre, los recursos, y los canales de comunicación de la Corporación para actividades partidistas, a las que pretende dar un carácter institucional que no tienen”. García se ha referido así a una nota informativa que fue difundida ayer por Latre y publicada en la web corporativa en la que daba cuenta de una reunión con dos de los integrantes del PP en la Comisión especial sobre la evolución demográfica en España, recientemente creada en el Senado.

Aunque la información aseguraba que el presidente de la Diputación había mantenido “un encuentro de trabajo” con el “portavoz” de la Comisión, cargo que atribuía a Antonio Ángel Clemente, lo cierto es que este senador del PP solo actúa como tal en nombre del PP, pero de ninguna manera representa al resto de grupos. Otro tanto ocurría con la senadora del PP por Guadalajara Ana González, presentada como “viceportavoz”, sin aclarar que solo desempeña esa labor en representación del PP. La senadora del PSOE por Guadalajara, Riansares Serrano, sin ir más lejos, también es vocal de esa comisión, pero por supuesto no ha sido invitada a tal reunión.

“Lamentamos que se haya querido dar carácter institucional a lo que no ha sido más que un encuentro de partido. Si de verdad Latre hubiera querido ofrecer la colaboración de la Diputación, habría convocado al presidente de la Comisión y a parlamentarios de todas las fuerzas políticas y, además, tendría que haber informado de ello al resto de grupos que formamos parte de la Corporación provincial. En cambio, como lo único que ha hecho es reunirse con representantes de su partido, consideramos que ni debería utilizar el tratamiento institucional ni los medios de la corporación para informar de ella”, ha asegurado García.

Además, ha reclamado a Latre que la Diputación asuma un papel más protagonista en la lucha contra la despoblación en nuestra provincia, empezando por reivindicar ante el Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga la cooperación del estado con los municipios y los servicios públicos en el medio rural, en vez de permanecer en silencio mientras se reducen efectivos y se cierran cuarteles de la Guardia Civil, como ha ocurrido recientemente en Budia, y oficinas de Registro, como las de Cifuentes y Sacedón. “Tendría que ser el primero en alzar la voz, porque uno de las razones de ser de la Diputación es, precisamente, la defensa de los pueblos más pequeños ante este tipo de agresiones que hacen cada vez más difícil la vida en ellos”, ha señalado el portavoz socialista.

El PSOE exige a la Diputación que pague a dos grupos de desarrollo rural casi 400.000 euros que les adeuda desde hace más de un año

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha exigido al Equipo de Gobierno del PP que pague las cantidades que adeuda desde hace más de un año a dos de los grupos de desarrollo rural que trabajan en esta provincia. En concreto, están pendientes de pago 257.000 euros a Fadeta, que abarca la zona de La Alcarria, y otros 112.000 euros al de la comarca Molina-Alto Tajo.

Según ha indicado García, los cuatro grupos de desarrollo que estuvieron activos durante el periodo 2007-2015 presentaron a finales de ese año ante la Diputación sus últimas certificaciones, que hasta entonces siempre habían sido abonadas con normalidad. En marzo del año pasado el Servicio de Promoción Económica emitió informe favorable al pago de todas ellas, aprobándose inmediatamente los 136.000 euros que correspondían a Adel-Sierra Norte, cuyo presidente es el alcalde de Sigüenza y también presidente de la Diputación, José Manuel Latre. “Aunque el informe era común, curiosamente solo se aprueba lo suyo en el primer Pleno que hubo ocasión”, ha señalado el portavoz socialista.

Un poco más tarde, en el mes de julio, se aprueba la certificación de Adac, el grupo que opera en La Campiña. Sin embargo, los dos restantes todavía siguen paralizados a estas alturas. En este tiempo, ha explicado García, se han emitido hasta cuatro informes favorables más por parte del Servicio de Promoción Económica, que vuelven a dar por buenas las certificaciones presentadas por Fadeta y Molina-Alto Tajo y responden al reparo formulado por el Servicio de Intervención. Finalmente, tras estudiar toda la documentación, el jefe de la Asesoría Jurídica concluye a finales de noviembre que procede levantar el reparo de Intervención y aprobar las certificaciones.

Discrepancia zanjada
Con este último pronunciamiento, que zanja la discrepancia, el diputado responsable de Promoción Económica y Empleo, Alberto Domínguez, lleva una propuesta a la Junta de Gobierno del 30 de noviembre que, a su vez, acuerda derivar la aprobación al Pleno de la Corporación. “A partir de ahí, entramos en una fase aún más oscura, que es en la que nos encontramos todavía, porque no se llevó al Pleno del diciembre, ni a ninguno de los otros tres que se han convocado desde entonces, el último la semana pasada”, ha señalado el portavoz socialista.

Ante este retraso totalmente injustificado, el Grupo Socialista solicitó examinar el expediente y ha podido comprobar que no ha habido ningún movimiento desde el mes de diciembre. “Ni más informes, ni comunicaciones de ningún tipo. Nada. La propuesta de abonar las cantidades pendientes lleva cuatro meses guardada en un cajón, y eso es inadmisible”, ha lamentado.

A todo esto, los grupos de desarrollo ya tuvieron que adelantar en su momento las cantidades que ahora reclaman, y que han servido para ayudar a emprendedores a poner en marcha negocios de hostelería o pequeños talleres, y también para que los ayuntamientos acometan inversiones como renovar el alumbrado público por otro más eficiente. “Se les está causando un evidente perjuicio económico y una gran incertidumbre, porque sin tener cerrado el anterior periodo pueden tener dificultades de funcionamiento en el futuro inmediato”, ha agregado García, tras anunciar que presentará una moción de urgencia al próximo Pleno si el orden del día no incluye la aprobación de las certificaciones que faltan.

Las ayudas de la Diputación a los grupos de desarrollo se remontan al año 2009, con un Gobierno del PSOE. Desde entonces, se han aportado más de dos millones de euros de fondos propios de la Corporación provincial para complementar el Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades, financiado por la Unión Europea. En total, los cuatro grupos de desarrollo operativos en el periodo 2007-2015 han gestionado cerca de 30 millones de euros, destinados a ayudar a emprendedores o ayuntamiento en el medio rural.

El PP pierde la mayoría
El PSOE ha respaldado siempre esta iniciativa, y lo sigue haciendo ahora al exigir que se solvente la situación denunciada hoy y se mantenga la confianza en la gestión de los grupos de desarrollo. García ha recordado que, durante el mandato anterior, la entonces presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, no dudaba en comprometerse a garantizar el apoyo a estos grupos. “Claro, que esto lo hacía cuando tres de los cuatro grupos estaban dirigidos por alcaldes o alcaldesas del PP, mientras que ahora tan solo conserva la mayoría en uno de ellos, Adel-Sierra Norte. Queremos pensar que no es por eso por lo que se retienen las certificaciones desde hace más de un año, pero lo cierto es que no hay ninguna razón para que no se haya resuelto ya el abono de certificaciones a esos dos grupos”, ha concluido.

El PSOE fuerza en la Diputación la petición unánime de más efectivos de las Fuerzas de Seguridad al Gobierno de Rajoy

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El Grupo Socialista ha conseguido que se apruebe por unanimidad en el Pleno de la Diputación de Guadalajara una moción que pide al Gobierno de Mariano Rajoy un aumento de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Castilla-La Mancha, y especialmente en esta provincia, que tiene el menor número de efectivos de ambos cuerpos de toda la región. El diputado socialista Jesús Alba ha agradecido el apoyo del resto de los grupos que forman parte de la Corporación, pero ha subrayado que ahora es preciso que se cumpla “para que nuestros vecinos estén más seguros, sobre todo los que viven en el medio rural, donde se está produciendo un número de robos fuera de lo habitual”.

Según ha explicado, la reducción de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ha afectado a todo el territorio nacional debido a los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy, ha tenido un reflejo muy acusado en la provincia de Guadalajara. Los datos facilitados por el propio Ministerio de Interior revelan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron 577 efectivos en los últimos seis años en Castilla-La Mancha, 64 de ellos en Guadalajara, que ha sido la segunda provincia de España donde más mermó la plantilla de la Policía Nacional: un 22%, que se traduce en 48 agentes menos. En el caso de la Guardia Civil, también hay 16 efectivos menos, y el propio Ministerio reconoce que hay 135 vacantes sin cubrir en la provincia.

Mientras tanto, tomando también como referencia datos del Ministerio, se constata que el año pasado aumentaron en Guadalajara un 28,2% los robos con violencia e intimidación y también crecieron de manera muy considerable –un 18,9%– los robos de coches, dos delitos que están entre los que causan más alarma entre la población. Igualmente, los robos en domicilios se mantuvieron en cifras muy elevadas, con más de 800 denuncias por esta causa. La tendencia al alza no se limita al año pasado, sino que se remonta más atrás. De hecho, estos tres tipos de delitos se han incrementado cerca del 16% en los últimos cinco años.

El diputado socialista ha elogiado la profesionalidad y el esfuerzo de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, pero ha advertido de que trabajan en unas condiciones de precariedad que no se pueden mantener por más tiempo porque están repercutiendo en la calidad del servicio. “Vemos cómo se reducen los efectivos y faltan medios materiales, al tiempo que aumentan los delitos que más afectan a la seguridad de las personas. Este es un círculo vicioso del que tenemos que salir porque estamos hablando de la seguridad y de la tranquilidad de nuestros vecinos y, en el caso del medio rural, nos enfrentamos a la supervivencia de nuestros pueblos. Si ya es difícil vivir allí, sin seguridad resulta del todo imposible”, ha afirmado Alba.

El PSOE lleva a los tribunales el transfuguismo de la Diputación de Guadalajara

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El Grupo Socialista emprenderá acciones judiciales en los próximos días contra el caso de transfuguismo ocurrido en la Diputación de Guadalajara. Así lo ha anunciado su portavoz, Julio García, después de que el Equipo de Gobierno del PP y la diputada tránsfuga, Yolanda Ramírez, hayan desestimado en el pleno celebrado este viernes el recurso de reposición contra el acuerdo aprobado también en Pleno a finales del pasado mes de enero, que materializó la compra del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales. “Lo cierto es que no esperábamos otra cosa de los protagonistas, promotores y ejecutores de este pacto antidemocrático e indecente, que además consideramos ilegal. Ni la diputada tránsfuga quiere renunciar a un sueldo que no debería percibir tras abandonar su grupo, ni el PP a una mayoría que no le dieron las urnas, pero que ha conseguido ahora por esta otra vía”, ha señalado García.

Por eso, el Grupo Socialista va a presentar un recurso contencioso-administrativo, aunque no descarta tampoco otras medidas judiciales. “Sostenemos que no solo se puede decir que en el ámbito político estamos ante un clarísimo caso de corrupción, ante uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos 20 años, sino que además de violar el Pacto Antitransfuguismo, se han vulnerado también leyes, se han vulnerado normas, y se ha hecho a sabiendas”, ha afirmado el portavoz socialista.

Según su opinión, se ha infringido en primer lugar la ley de Bases de Régimen Local, modificada en 2003 precisamente para desincentivar el transfuguismo mediante la limitación de los derechos que pueden tener quienes abandonan un grupo político –como hizo Ramírez con Ciudadanos– o son expulsados. Las restricciones impuestas entonces han sido claramente rebasadas en este caso.

Tampoco se ha cumplido, a su juicio, el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos tras la expulsión de cinco de los integrantes del Grupo Popular. Esta norma establece que les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación, que en el aspecto económico no son más que las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, muy lejos de la dedicación exclusiva que ha otorgado el PP a Ramírez.

Quebrantamiento del Código de Buen Gobierno aprobado en Pleno
A todo ello se une el quebrantamiento del Código de Buen Gobierno, incluido en el Plan de Transparencia y Buen Gobierno que fue aprobado por el Pleno de la Diputación en diciembre de 2015 y se declaró entonces de obligado cumplimiento. En este texto se establece el compromiso firme de respetar y cumplir el contenido del Pacto Antitransfuguismo. De hecho, dice textualmente que “supondrá la exigibilidad de comportamientos y actuaciones de la Diputación” en esta materia.

Aunque el portavoz socialista se ha mostrado convencido de que únicamente fue una operación cosmética para blanquear la mala imagen de la Diputación ante los organismos independientes que evalúan la transparencia de las administraciones públicas, “la realidad es que se aprobó y nos obliga a todos”, ha advertido. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que se ha violado el Pacto Antitransfuguismo y, por tanto, se ha ignorado lo acordado por el Pleno.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Transparencia y Buen Gobierno para evaluar el caso de transfuguismo, que “choca frontalmente” con las obligaciones impuestas por el Código, y también para que se respete la obligación de elaborar un informe anual, ignorada ya en su primer año de vigencia.

El PP gobernará el Ayuntamiento de El Casar apoyándose en concejales tránsfugas

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El PP gobernará el Ayuntamiento de El Casar –tercer municipio de la provincia por número de habitantes– apoyándose en cuatro concejales tránsfugas de Ciudadanos, dos de los cuales incluso formarán parte de la Junta de Gobierno con voz y voto. Así lo ha denunciado el secretario de Política Municipal del PSOE de Guadalajara, Julio García, quien ha asegurado que esta no es más que la “cara b de un acuerdo provincial con varios escenarios, pero con los mismos actores: un grupo de tránsfugas de El Casar y un partido, el PP de Guadalajara, dispuesto a comprar voluntades para asegurarse mayorías donde no las tiene”.

Según ha explicado, este grupo de tránsfugas –todos procedentes de Ciudadanos– está encabezado por Yolanda Ramírez –exdiputada provincial de ese partido, que sostiene ahora como no adscrita el Gobierno del PP en la Diputación a cambio de un sueldo de 50.000 euros– y por Juan Gordillo, que fue expulsado por el partido en julio del año pasado. Ambos seguirán en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Casar, en la que habían entrado como representantes de Ciudadanos en virtud del acuerdo de investidura suscrito entre este partido y el PP en ese municipio.

Sin embargo, aunque que ahora tienen la condición de no adscritos, una resolución firmada por el alcalde les mantiene como integrantes de ese órgano de gobierno, al que además se van a añadir un buen número de competencias. “Se hurtan al pleno para manejarlas solo entre los que han urdido este vergonzoso apaño”, ha subrayado García.

Responsabilidades de gobierno para concejales tránsfugas
Con esta decisión, el alcalde de El Casar, José Luis González –que acaba de entrar en la Junta Directiva Nacional del PP en el reciente congreso del partido–, incumple de plano el pacto antitransfuguismo y el acuerdo con Ciudadanos que le sirvió para llegar al cargo. De hecho, el portavoz socialista ha advertido de que incluso podría estar saltándose la ley al adoptar por su cuenta decisiones que son competencia del pleno. “En cualquier caso, lo cierto es que para mantener la mayoría está dando responsabilidades de gobierno a concejales tránsfugas”, ha agregado.

El acuerdo antitransfuguismo dice expresamente que los partidos firmantes –el PP entre ellos– se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas en cualquier circunstancia, también para “mantener activamente” las mayorías de gobierno. En otro de sus puntos especifica que no podrán “aceptar en sus equipos de gobierno a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas” y rechaza por completo “la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno”. La conclusión del responsable socialista es que “parece que este pacto se hubiese acordado precisamente para evitar casos como los que están sucediendo en el Ayuntamiento de El Casar y en la Diputación de Guadalajara”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de El Casar, Lola Pérez Bravo, ha afirmado que “entre el alcalde y otro par de tránsfugas pretenden manejar y secuestrar el Ayuntamiento de El Casar, y ninguno de los concejales y concejalas socialistas lo vamos a consentir”. También ha coincidido en destacar que “no es casualidad” la coincidencia de esta operación con el caso de transfuguismo protagonizado por la propia Ramírez en la Diputación de Guadalajara. “Creemos que todo forma parte del mismo acuerdo”, ha concluido.

 

El PSOE denuncia el uso sectario de la Brigada de Pavimentación de la Diputación

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha denunciado “el uso sectario y partidista” de la Brigada de Pavimentación que está haciendo el Equipo de Gobierno del PP. Según los datos que ha facilitado, correspondientes al año 2016, los municipios gobernados por ese mismo partido acapararon tres de cada cuatro actuaciones, pese que no llegan a sumar ni la mitad de los que hay en la provincia. De hecho, el partido que más ayuntamientos gobierna es el PSOE –un 46,6%–. Sin embargo, estos solo recibieron el 12% de las 40 obras que ejecutó esta brigada el año pasado.

El resultado es que las solicitudes formuladas por alcaldes socialistas deben esperar muchas veces durante años sin ser atendidas, ha asegurado García. Para apoyar esta afirmación ha aportado otro dato significativo: de las 30 nuevas peticiones de actuación que llegaron en 2016 a la Brigada de Pavimentación fueron atendidas ocho a lo largo del año, de las cuales seis correspondieron a ayuntamientos gobernados por el PP y ninguna a los que gobierna el PSOE.

“Es evidente que existe una mano que tuerce la lógica para llegar a estos resultados, y se demuestra así que el sectarismo del PP en la Diputación no se limita al reparto de inversiones o de otro tipo de ayudas, sino que alcanza también a la utilización de los recursos materiales y humanos que tiene para atender las necesidades de los pueblos”, ha subrayado el responsable socialista.

Compra de voto de la diputada tránsfuga
También ha manifestado su decepción por el hecho de que estas prácticas continúen a pesar de que el PP ya no tiene mayoría absoluta. “Saludamos en 2015 la posibilidad de que la entrada de Ciudadanos permitiera un verdadero cambio en la forma de gestionar la Diputación. Lamentablemente, no ha sido así, y las pocas expectativas que pudiese haber se han perdido totalmente al inicio de este año, cuando el PP ha comprado a la diputada tránsfuga de ese partido el voto que le faltaba para seguir haciendo de las suyas con las manos totalmente libres”, ha agregado.

La Brigada de Pavimentación se ocupa fundamentalmente de trabajos de asfaltado y otros tipos de pavimentación en calles de los municipios, pero también de hacer reparaciones y pequeños trabajos de abastecimiento de agua, saneamiento, e incluso de albañilería. Sus tareas se desarrollan a petición de los ayuntamientos.

El PSOE promoverá una plataforma de ayuntamientos contra el deterioro de Cercanías

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“Los alcaldes y concejales del PSOE van a trabajar para que todos los ayuntamientos de la zona del Corredor del Henares se impliquen en conseguir que el servicio de Cercanías mejore de manera determinante”. Así lo ha anunciado esta mañana el secretario provincial de este partido, Pablo Bellido, acompañado por más de una docena de responsables municipales de los municipios afectados. “Tenemos que intentar crear una red, una plataforma que nos defienda para que todos los vecinos de Guadalajara que tienen que utilizar los trenes de Cercanías tengan el servicio que se merecen”, ha agregado.

El PSOE fuerza el voto unánime en Diputación a favor de mejoras urgentes en Cercanías - Renfe

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El Grupo Socialista ha conseguido el apoyo unánime del Pleno de la Diputación para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que mejore el servicio de Cercanías, que está sufriendo un alarmante deterioro en los últimos años, especialmente la línea C2, que conecta Madrid y Guadalajara. La moción presentada por el PSOE ha salido adelante por unanimidad tras la incorporación de una serie de propuestas complementarias, a pesar del intento inicial del PP de diluir su contenido para evitar que incluyera la exigencia de medidas concretas y urgentes.

Para recuperar los niveles de puntualidad que caracterizaban hasta hace pocos años el servicio de Cercanías, el texto aprobado solicita un aumento de las frecuencias y de la capacidad de los trenes, especialmente en las horas punta, así como mejorar la accesibilidad de las estaciones y de los vagones. Además, reclama ampliar el número de Civis, renovar los trenes y mantener las frecuencias en periodos vacacionales, peticiones formuladas desde el Grupo de Ahora Guadalajara.

La línea C2 es un medio de transporte fundamental para miles de vecinos de la capital y de numerosos municipios del Corredor del Henares, que la utilizan a diario para desplazarse hasta la comunidad vecina por motivos laborales, estudios, ocio o salud. Sin embargo, su funcionamiento es peor cada día, con retrasos continuos a lo largo de toda la jornada. También son constantes las averías causadas por la falta de mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones, e incluso se anulan trenes ya anunciados debido a la falta de personal.

Todas estas circunstancias generan importantes perjuicios a los usuarios, que no pueden llegar puntualmente al trabajo, a clase o a una cita médica, y pierden gran parte de su tiempo en esperas injustificables. De hecho, las quejas por el mal funcionamiento de los trenes se acumulan en los servicios de reclamaciones de Renfe y en diferentes redes sociales donde los usuarios alertan de las incidencias y manifiestan públicamente su malestar.

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