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El PSOE emprende acciones legales contra el caso de transfuguismo ocurrido en la Diputación de Guadalajara

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El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha anunciado que va a emprender de inmediato acciones legales para evitar que prospere la operación urdida por el PP para comprar el voto de la diputada tránsfuga de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, a cambio de concederle una dedicación exclusiva retribuida con 49.000 euros anuales. “Mantenemos el propósito de acudir a la justicia, por un lado para impugnar por vía administrativa un acuerdo que consideramos ilegal, y por otro para exigir las responsabilidades personales de todo tipo, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este apaño”, ha explicado el portavoz socialista, Julio García.

La vía administrativa se abrirá de manera inmediata mediante un recurso de reposición ante la propia Diputación. En este escrito se pedirá la revocación del acuerdo del pleno del pasado mes de enero que materializó la compra del voto de la diputada tránsfuga otorgándole una dedicación exclusiva por el mero hecho de tener delegada la presidencia de una comisión informativa. “Lo vamos a hacer así porque queremos que se emitan informes que digan expresamente si el acuerdo cumple la ley y el Reglamento de la Diputación. Estamos convencidos de que no es así y los informes emitidos hasta ahora no lo hacen”, ha agregado García.

Según ha indicado, la propuesta que presentó el Equipo de Gobierno del PP y fue aprobada con los votos de este partido y de la propia diputada tránsfuga –considerada ahora como no adscrita– no está justificada ni avalada por el informe jurídico emitido, que es anterior a la propuesta. De hecho, únicamente dice que “se hace necesario” modificar los acuerdos sobre dedicación exclusiva aprobados al inicio del mandato tras tener conocimiento de que Ramírez se había dado de baja de Ciudadanos. 

¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?

“De este modo, se está reconociendo de forma expresa que esta es la única razón para concederle una dedicación exclusiva. Se adoptan acuerdos aparentemente sin motivación y sin relación directa con la diputada que abandona su grupo, pero todos están pensados para premiarla por su salida de Ciudadanos. ¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?”, se ha preguntado el portavoz socialista. 

Por otro lado, ha asegurado que el acuerdo incumple tanto el artículo 73 de la ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la propia Diputación. En el primer caso, porque la doctrina del Tribunal Constitucional establece claramente los derechos de los diputados no adscritos –ejercer las funciones de control al gobierno, participar en deliberaciones y votaciones del pleno y obtener la información necesaria para ello–, entre los que no figura de ninguna manera el ejercicio del cargo con dedicación exclusiva retribuida. 

En cuanto al Reglamento de la Diputación –aprobado en 2005 con motivo de la crisis que partió en dos al Grupo del PP–, es aún más restrictivo con los derechos políticos y económicos de los diputados no adscritos, limitándolos a los que les puedan corresponden individualmente por ser miembros de la Corporación, como dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero en ningún caso la dedicación exclusiva.

Además, García ha insistido en que el Equipo de Gobierno del PP ha tratado de vincular la dedicación exclusiva de la diputada tránsfuga con su condición de presidenta de Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, como si esta no tuviera que ver con su anterior pertenencia a Ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que era uno de los compromisos expresos del acuerdo de investidura suscrito entre ambas formaciones, según han reconocido públicamente sus responsables.

Información falsa e insidiosa sobre el Consorcio de Residuos

Por otro lado, el portavoz socialista ha denunciado la “versión falsa, insidiosa y falta de respeto” que difundió ayer el Equipo de Gobierno de la Diputación sobre el archivo de un recurso presentado por varios ayuntamientos contra la supresión de la Asamblea general de este organismo. 

“No se puede ofrecer una información más tramposa y apartada de la realidad. El archivo del recurso se ha producido como consecuencia de que la propia Diputación decidió anular el acuerdo que lo motivó. Por tanto, lo que ha hecho el juzgado es lo correcto: anulado el acuerdo, deja de tener objeto el recurso”, ha insistido. De hecho, la rectificación del Equipo de Gobierno del PP al anular su propio acuerdo, a la vista de que iba a perder el recurso, lo que hace es precisamente dar la razón a los ayuntamientos.     

Ahora, el PP ha querido blanquear el acuerdo anulado aprobando otro idéntico un año después. Pretende evitar así lo que iba a ser una condena segura por incumplir el artículo 110 de la ley de Bases de Régimen Local, que ahora ya se encuentra derogado, pero en diciembre de 2015 estaba vigente.  Pese a ello, se mantienen aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de privar a los pueblos de voz y voto en los órganos de participación y control del Consorcio de Residuos.

El acuerdo sobre el Consorcio de Residuos que estaba recurrido en el juzgado fue anulado por la propia Diputación

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El acuerdo adoptado en diciembre de 2015 por el Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara –con el apoyo de la entonces diputada de Ciudadanos– sobre organización de los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos, contra el que habían presentado un recurso judicial varios ayuntamientos que se consideraban perjudicados, fue anulado este último mes de diciembre por decisión del propio Equipo de Gobierno. Por tanto, el juzgado no ha hecho ahora más que atender al sentido común y archivar la causa que seguía contra un acuerdo que ha sido revocado por quien lo tomó.

“De hecho, lejos del triunfalismo que ha mostrado el Equipo de Gobierno de la Diputación, lo que ha quedado en evidencia en este caso es que los ayuntamientos teníamos razón, y así lo han tenido que reconocer el propio Equipo de Gobierno al rectificar su posición. Estaba tan claro que el acuerdo era contrario a la ley que no ha tenido más remedio que dar marcha atrás. Por eso, lamentamos que el diputado responsable de esta área trate de confundir a la opinión pública y a los ayuntamientos vertiendo falsedades, en vez de ponerse del lado de los pueblos a los que la Diputación debe servir”, ha explicado el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, uno de los que firmaron el recurso.

El PP, empeñado en privar de voz y voto a los pueblos
No obstante, el Equipo de Gobierno del PP sigue empeñado en privar de voz y voto a los ayuntamientos que forman parte del Consorcio de Residuos, y para ello aprobó también el pasado mes de diciembre un nuevo acuerdo que elimina una de las causas que hacían palmariamente ilegal el anterior, pero mantiene aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de expulsar a los pueblos de los órganos de participación y control. El plazo para recurrir contra esta nueva disposición no se ha cerrado aún, y Esteban anuncia que siguen decididos a defender los intereses de los ayuntamientos.

Mientras tanto, sigue abierta la causa judicial contra la decisión de eliminar también la Asamblea General del Consorcio de Extinción de Incendios, impulsada igualmente por el PP y recurrida en los tribunales.

Bellido: “Hoy se ha escrito en la Diputación la página más negra de la democracia en Guadalajara”

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El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado que “hoy se ha escrito en la Diputación de Guadalajara la página más negra de nuestra joven democracia a nivel provincial”. Según ha afirmado, “jamás se ha producido en la Diputación ni en la provincia un escándalo, una indignidad y acto deshonesto como esta compraventa de voluntades y falsificación de un resultado electoral”.

Bellido se ha referido así a la propuesta aprobada esta mañana en pleno con los votos del PP y de la diputada no adscrita, Yolanda Ramírez, para conceder a esta un sueldo de 49.000 euros anuales como presidenta de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, una vez que lo había perdido al darse de baja en Ciudadanos y dejar de ser portavoz de este partido.

El responsable socialista ha recordado que los electores otorgaron a Ciudadanos una representación en la Diputación que ahora ha perdido, y ha subrayado que los diputados provinciales son designados por los partidos políticos, y no elegidos directamente por los votantes. Por tanto, al quedarse Ramírez con el acta que tenía como representante de Ciudadanos, “se está falsificando el resultado electoral para que el PP obtenga la mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas”.

El precio por abandonar Ciudadanos
También se ha mostrado muy rotundo durante el debate en sesión plenaria el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, quien ha señalado que “este acuerdo no es ni más ni menos que el premio, o el precio, a pagar a la diputada que ha abandonado su grupo”. Para García, “esto no es más que lo que parece: un caso de corrupción política, con una diputada tránsfuga que abandona su partido para apoyar a otro, dándole una mayoría que no tiene a cambio de asegurarse una situación privilegiada, sin responsabilidades y sin dar cuentas a nadie”.

En su intervención, ha explicado que los diputados provinciales no adscritos solo pueden tener los derechos económicos que les corresponden individualmente, y el Equipo de Gobierno no puede ampliarlos. Por tanto, ha sostenido que Ramírez debería dejar la presidencia de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, que obtuvo gracias al acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos en la Diputación para hacer presidente a Latre, tal como han reconocido públicamente en distintas ocasiones los responsables de ambos partidos.

Por su parte, Bellido ha insistido en que este “atropello y fraude antidemocrático” se puede parar de tres maneras. “La primera es que lo haga el PP, autonómico o nacional, llamando la atención sobre este disparate, aunque creo que no lo va a hacer. La segunda es que lo haga Ciudadanos, condicionando sus acuerdos con el PP en otros sitios a que se les respete mínimamente y no se premie a sus tránsfugas. La tercera es que lo hagan los tribunales, y por si acaso alguien no quiere hacerlo, el PSOE lo hará, porque creemos en la democracia y para regenerar la democracia lo primer que hay que hacer es impedir los fraudes”.

De hecho, ha advertido de que “si hace falta llegar al Tribunal Constitucional, llegaremos, para que condene a la Diputación y a quienes lo han aprobado por prevaricar y, evidentemente, si utilizan dinero público, por un posible delito de malversación”. Además, ha manifestado su convencimiento de que “debe llevar a la inhabilitación de quien ha tomado la decisión”.

No hay otro lugar de España donde el PP intente hacer esto
El responsable provincial del PSOE ha manifestado que “el PP de Guadalajara vuelve a demostrar que no está a la altura de muchos de sus alcaldes, militante y votantes”, y lo ha situado “muy a la extrema derecha” del PP nacional. “No hay un lugar en España donde el PP intente hacer esto ya. Es una cosa del pasado, que solamente ocurre en lugares como Guadalajara”, ha remachado.

Tanto Bellido como García han lamentado que una figura como la del presidente de la Diputación quede mancillada por esta compraventa, –“además en la figura de una persona como Latre, que hasta ahora merecía respeto”, ha precisado Bellido–. Por su parte, García ha afirmado que la presidencia de Latre “será recordada por haber protagonizado el caso de transfuguismo más sonado de los últimos 15 años”. Dirigiéndose al presidente, le ha dicho que “desconocemos si ha sido ideado por usted o se lo han dado ya tramado, pero en cualquier caso las consecuencias políticas y las responsabilidades de otra índole, si las hubiera, las tendrá que asumir en primera persona”.

El PSOE apoya a los trabajadores perjudicados por el servicio de recogida de basuras de la Diputación

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El Grupo Socialista ha expresado esta mañana su apoyo a los trabajadores perjudicados por la implantación del servicio provincial de recogida de residuos, que esta mañana han protestado ante la Diputación de Guadalajara. En los pocos meses transcurridos desde que entró funcionamiento, se han producido un buen número de irregularidades que afecta a las condiciones laborales, con despidos, negativas a asumir la subrogación de personal o recortes de jornada, según han denunciado los representantes sindicales ante la inacción del Equipo de Gobierno del PP.

El portavoz socialista, Julio García, ha exigido al presidente de la Diputación, José Manuel Latre, que obligue a la empresa adjudicataria a respetar la ley. “No puede lavarse las manos porque se trata de un servicio pagado con dinero público. Por tanto, debe exigir a la empresa que se haga cargo de los trabajadores que venían desempeñando las tareas de las que ahora se ha hecho cargo este servicio impulsado por la propia Diputación, y que lo haga respetando las condiciones laborales que tenían”, ha señalado.

“No es de recibo que se anuncie como una iniciativa de apoyo a los municipios y empiece por destruir los pocos puestos de trabajo que hay en ellos”, ha enfatizado García. Además, ha recordado que este conflicto pone nuevamente en evidencia las enormes carencias del servicio provincial de recogida de residuos, que va de fracaso en fracaso y muestra la improvisación y falta de rigor del Equipo de Gobierno del PP.

El PP se propone comprar el voto de la diputada tránsfuga de Ciudadanos a cambio de su dedicación exclusiva

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El PP va a llevar al pleno de la Diputación de Guadalajara este próximo viernes una propuesta para seguir pagando un sueldo a la diputada tránsfuga de Ciudadanos, Yolanda Ramírez. Así lo ha desvelado esta mañana el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, que ha anunciado acciones legales si no hay marcha atrás en lo que ha calificado como “un caso de corrupción política de libro”, porque el PP quiere pagar de este modo “el precio pactado para asegurarse la mayoría absoluta que no consiguió en las urnas”. Además, ha advertido de que ante un acuerdo ilegal “todos los que lo apoyen serían responsables judicialmente y podrían ser inhabilitados por respaldar la compra de voluntades de una tránsfuga”.

Para el portavoz socialista, se trata de un caso claro de transfuguismo porque la diputada provincial designada por Ciudadanos ha abandonado esta formación política, pero no el acta –a pesar de haberse comprometido por escrito a hacerlo–, y se confirma también que detrás de esta maniobra está el PP –con el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, y la presidenta provincial de ese partido y vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Guarinos, a la cabeza–, “como evidencia la situación privilegiada que quieren darle como contrapartida”.

Según ha explicado, la propuesta que el PP quiere aprobar en pleno modifica el acuerdo aprobado al inicio de este mandato sobre los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, al que se añadiría ahora un párrafo para otorgar también esa condición a los presidentes de comisiones informativas. De este modo, tras perder el sueldo de 49.000 euros anuales que cobraba como portavoz de Ciudadanos, la diputada tránsfuga lo recuperaría por ser presidenta de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, pese a que no se ha reunido más de tres veces en el año y medio transcurrido desde que se creó.

Ramírez debe dejar todos los cargos que obtuvo por ser diputada de C’s
Sin embargo, tal como ha recordado García, ese nombramiento entraba dentro de los compromisos que firmaron el PP y Ciudadanos en la Diputación para hacer presidente a Latre, y así lo han reconocido públicamente en distintas ocasiones los responsables de ambos partidos. Por tanto, al abandonar Ciudadanos, Ramírez debe dejar también todos los cargos que ostentaba en razón de su pertenencia a ese partido, incluido este.

Además, en ningún punto del informe jurídico, ni en la propuesta se justifica que la diputada no adscrita tenga derecho a desempeñar su cargo en régimen de dedicación exclusiva, como cuando era portavoz de su grupo. Es más, todo apunta a lo contrario, según se desprende del Reglamento de la Diputación, y del resto de disposiciones legales. “El acuerdo que se lleva a pleno solo es necesario para culminar la compra de voluntades que se esconde tras los acontecimientos de los últimos días”, ha advertido el portavoz socialista.

De hecho, el trasfondo es evidente: la diputada tránsfuga retiene su acta para prestar su apoyo al PP e impedir una mayoría diferente en lo que resta de mandato, y a cambio es compensada con derechos que no le corresponden y que son pagados con dinero público. “Esto no es más que lo que parece: un caso de corrupción política entre alguien dispuesto a traicionar al partido por el que concurrió a las elecciones a cambio de privilegios personales, y un partido –el PP– dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizarse la mayoría que las urnas no le dieron”, ha recalcado García.

“Cada euro que Latre pague desde hoy a la tránsfuga de Ciudadanos será una posible prevaricación y malversación”

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El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha advertido de que “cada euro que el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, pague desde hoy a la diputada tránsfuga de Ciudadanos constituirá una posible prevaricación y malversación, y va a tener enfrente al PSOE en el plano político, pero también el judicial”. Bellido ha indicado que el responsable provincial de Ciudadanos afirmó el viernes pasado que Yolanda Ramírez ya no pertenecía a ese partido, y ayer lo reconoció públicamente ella misma. “Por tanto, es evidente que Latre no puede decir que desconoce esta situación, y Ramírez no puede seguir cobrando de la Diputación porque solamente tenía sueldo por ser portavoz de Ciudadanos”, ha subrayado.

Sin embargo, la exdiputada de Ciudadanos aseguró en su comparecencia de ayer que no iba a entregar el acta, sino que su intención es continuar en las mismas condiciones que hasta ahora. “Si Ramírez dijo que iba a seguir siendo diputada y cobrando de la Diputación es porque el PP se lo ha hecho saber; pero damos la oportunidad al PP de desmentirlo y garantizar que no va a permitir que un céntimo de euro de dinero público salga de las arcas de la Diputación para cometer un atropello antidemocrático”, ha indicado el responsable socialista.

Tras reclamar nuevamente a Ramírez que devuelva el acta, ha subrayado que los diputados provinciales no acceden al cargo como consecuencia de una elección directa, sino que son elegidos por los partidos políticos. “Ese acta no corresponde a Ramírez, sino a su partido”, ha explicado. Además, ha recordado que ella, al igual que el resto de candidatos de Ciudadanos, firmó el compromiso de dejar el cargo si abandonaba el partido por el que fue elegida. A todo esto se añade que se presentó a las elecciones con la bandera de la regeneración. “Pues menuda regeneración es esta: traicionar al partido que la ha puesto”, ha ironizado.

Una cuestión legal
En todo caso, Bellido ha insistido en que “además de ser una cuestión moral, es también una cuestión legal”. En efecto, el reglamento de la Diputación de Guadalajara establece que los diputados no adscritos solo mantendrán los derechos políticos que les corresponden individualmente como miembros de la Corporación. Por tanto, Ramírez podría percibir dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero no cobrar el sueldo que tenía, porque ese no es derecho individual, sino en calidad de representante del partido que ha abandonado. Así lo indica el acuerdo de pleno de julio de 2015, que establece la organización de la Diputación para este mandato, donde se dice claramente que Ciudadanos tendrá un diputado con dedicación exclusiva. En consecuencia, corresponde a la formación política, y no a la persona designada para ocupar el cargo.

El responsable socialista ha recordado también el precedente de la disputa que vivió el PP en la Diputación en 2004, cuando seis de sus diputados abandonaron la disciplina del grupo y pasaron a ser considerados como no adscritos. “Entonces, ninguno de ellos tuvo sueldo por exigencia del propio PP, y ahora lo que tiene que hacer Latre es cumplir igualmente la ley. Siempre me ha parecido una persona razonable y ahora no puede ser el responsable de este atropello”, ha recalcado.

Falta de reacción de Ciudadanos
Por último, ha pedido a Ciudadanos que “reaccione y no permita que el PP se ría de ellos”. “Si pedimos a Ramírez que deje el acta y a Latre que no pague a tránsfugas, a Ciudadanos le pedimos que tome nota y se convenza de que el PP de Guadalajara es el principal enemigo de la regeneración democrática en esta tierra. Seguir con este PP en esta provincia como si no pasara nada es permitir que esta malversación democrática salga gratis”, ha concluido.

“La fuga de la diputada provincial de Ciudadanos parece un asunto muy turbio tras el que se adivina la mano del PP”

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado que “la fuga de la diputada de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, que ha dejado este partido, nos parece un asunto muy turbio tras el que se adivina la mano del PP, concretamente de su presidenta provincial, Ana Guarinos”. García ha mostrado su convencimiento de que Ramírez “ha actuado al margen de su partido, pero no ha actuado sola, sino de acuerdo con el PP de Guadalajara”.

El portavoz socialista ha recordado que el PP gobierna en la Diputación gracias a un acuerdo firmado con Ciudadanos que establecía una serie de condiciones, compromisos y mecanismos de supervisión. Aunque hasta ahora no se estaba respetando, y Ramírez ha regalado su apoyo incondicional al PP desde el primer momento, lo cierto es que la maniobra que ha protagonizado ahora “deja definitivamente convertido en papel mojado ese acuerdo”, porque priva a Ciudadanos de cualquier capacidad para exigir su cumplimiento. “Por eso, es evidente que forma parte de un plan que busca reforzar una mayoría que el PP no tiene, sin hacerla depender siquiera de las condiciones suscritas en el pacto con Ciudadanos”, ha subrayado García.    

Sin embargo, según el pacto antitransfuguismo firmado por todas las fuerzas con representación parlamentaria, en esta situación no solo se convertiría en tránsfuga la diputada que se aparta de la disciplina de su partido, sino también quienes se beneficien de su acción mediante un acuerdo tácito o explícito. “Un acuerdo que quedará en evidencia su Ramírez no renuncia a su acta de diputada provincial”, ha recalcado el portavoz socialista.

 Diputada no adscrita debe renunciar a dedicación exclusiva

Por eso, ha anticipado que el PSOE “se opondrá frontalmente, recurriendo si es preciso a la justicia, a que la diputada no adscrita mantenga cualquier tipo de recurso material o económico que tuviera hasta ahora en calidad de miembro del grupo político de Ciudadanos, empezando por su dedicación exclusiva”. Esto es así porque la dedicación exclusiva estaba asignada al grupo de Ciudadanos, y no personalmente a quien la ocupa. Lo mismo ocurre con los puestos de asesores y el resto de medios materiales. 

Desde el respeto a las decisiones personales, el portavoz socialista ha insistido en que “por coherencia” Ramírez debería dejar su acta de diputada una vez que se ha dado de baja del partido por el que fue elegida. De hecho, los diputados provinciales no son elegidos directamente por la ciudadanía, sino por los concejales de cada formación política. Además, como todos los candidatos de Ciudadanos, Ramírez tuvo que firmar el compromiso previo de renunciar al puesto si dejaba el partido. “A todo ello se une que se presentó a las elecciones con la bandera de la regeneración política y democrática, lo cual haría aún más reprobable que quisiera seguir como diputada en estas circunstancias”, ha agregado.   

También ha reclamado a los responsables provinciales de Ciudadanos que sean “radicales” en la exigencia del acta de diputada a Ramírez, “y que presionen al PP para que aplique el pacto antitransfuguismo y se abstenga de cualquier acuerdo con ella que pueda vulnerarlo”. Al PP le ha pedido directamente “que dé marcha atrás en este montaje antidemocrático y se abstenga de obtener rédito político de la situación”, advirtiendo de que los socialistas irán contra quienes vulneren los acuerdos antitransfuguismo. 

Por último, García ha exigido al presidente de la Diputación, José Manuel Latre, que convoque de manera inmediata la Junta de Portavoces para informar de las comunicaciones que haya recibido sobre este asunto y de las decisiones que ha tomado hasta ahora o vaya a tomar en adelante. 

 

El PSOE considera “muy pobre y frustrante” el balance de la Diputación en 2016

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, considera que el balance del año recién terminado ha sido “muy pobre” en actuaciones destinadas al desarrollo de la provincia y “muy frustrante” en cuanto a las expectativas de los municipios. “Para el primero de los fines de la Diputación, que es ayudar a los pueblos, 2016 ha sido un año perdido en muchos aspectos”, ha resumido.

Además, transcurrido un año medio de mandato, García ha asegurado que “el experimento de acuerdo entre PP y Ciudadanos por la regeneración, el compromiso social y el compromiso con los pueblos no ha servido para nada”. Al menos no ha servido para nada bueno a los pueblos de la provincia, aunque se ha preguntado si habrá servido de algo a la diputada de Ciudadanos que lo firmó –“suponemos que sí”, ha apuntado–, y se ha mostrado convencido de que sí ha sido útil al PP para apuntalar su situación de minoría “y seguir haciendo lo mismo que antes”.

La falta de compromiso de la Diputación con los pueblos queda de manifiesto, según ha explicado el portavoz socialista, al comprobar la pobreza de las inversiones destinadas a ellos y la escasa ejecución de los proyectos anunciados. Así, en 2016, que debería haber marcado un punto de inflexión tras los esfuerzos destinados en años anteriores al Plan de Carreteras, apenas un 20% de las inversiones previstas estaban directamente destinadas a los pueblos, y lo que es peor, apenas se han ejecutado.

Inversiones sin ejecutar
Como ejemplos más destacados ha recordado que ni siquiera han empezado a utilizarse los 600.000 euros consignados para arreglo de caminos, ni tampoco los 200.000 de obras hidráulicas. De los 100.000 euros previstos para potenciar la administración electrónica solo se han utilizado 23.000 en todo el año, y los 40.000 euros que tenía el plan para ayudar a la renovación de equipos informáticos fueron suprimidos directamente del presupuesto.

“En conjunto, las inversiones se siguen ejecutando en un nivel muy bajo”, ha advertido. De hecho, tan solo llegaban al 45% a falta de un mes para el cierre del ejercicio de 2016. “Ese bajo nivel de ejecución, junto con las limitaciones impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, está arrastrando el presupuesto de la Diputación hacia adelgazamiento progresivo del que los principales perjudicados son los pequeños municipios”, ha asegurado García. El resultado es que el presupuesto de la Diputación era similar al del Ayuntamiento de Guadalajara hace solo unos años y ahora ya está en torno a 10 millones por debajo. Pese que la capital es el único municipio de la provincia con un presupuesto superior al de la Diputación, también es el único al que subvenciona con dinero para ayudas sociales, “en lo que supone un ejercicio evidente de desprecio absoluto hacia el resto”, ha indicado.

El portavoz socialista ha relacionado este desinterés de la Diputación por el desarrollo de la provincia con los datos de población que se acaban de conocer. Tras mantener una tendencia de constante aumento, 2016 acabó con pérdida de población por cuarto año consecutivo. Sin embargo, mientras que la ciudad de Guadalajara o Azuqueca de Henares apenas han perdido un 1%, otros municipios, como Sigüenza o Molina de Aragón, han visto mermado su censo en torno a un 8% desde 2011, y en los pequeños municipios la sangría alcanza cotas dramáticas. Hay pueblos que han perdido casi la mitad de su población en esos cinco años. “Precisamente estos, los municipios de menos de 5.000 habitantes, son la principal razón de ser de las diputaciones, y esta trágica sangría debería ser el principal desvelo del Equipo de Gobierno, a diferencia de lo que está ocurriendo”, ha afirmado.

Datos dramáticos
Pese a que los datos son dramáticos, no se aprecia reacción. “Todo lo contrario: 2016 era el año clave del mandato, pero se ha desperdiciado sin haber definido un Plan Estratégico a medio plazo para esta provincia. El Plan de Carreteras se acaba, pero el Equipo de Gobierno sigue ensimismado, con la amortización acelerada de la deuda como única meta, y así puede ocurrir que ellos ganen la carrera por ver quién elimina deuda más deprisa, pero todos perderemos en la lucha contra la despoblación y contra la desaparición de nuestros pueblos”, ha lamentado.

Después de varios años de retrasos, en 2016 arrancó el servicio provincial de recogida de basuras con tan solo 40 ayuntamientos adheridos de los casi 300 que hay en la provincia. Este dato evidencia el fracaso de un proyecto cuyo futuro se presenta lleno de incertidumbres, ha advertido García. También ha llamado la atención sobre la falta de colaboración con los pueblos implicados en la conmemoración de la publicación del “Viaje a la Alcarria” y el centenario de Cela. Prueba de ello es que solo hubo contacto con los ayuntamientos cuando ya estaba decidido el programa de actividades.

“En cuanto a los servicios que se prestan a los municipios 2016 tampoco ha sido un buen año. A veces por falta de recursos, a veces porque se emplean de manera sectaria, o porque son ineficientes, la inmensa mayoría de los ayuntamientos siguen sin recibir el servicio que merecen”, ha sentenciado el portavoz socialista.

Quejas clamorosas
En este sentido ha subrayado que son “clamorosas” las quejas por los retrasos en los informes urbanísticos, y es prácticamente unánime la queja por el funcionamiento del Servicio de Recaudación, a pesar de que Diputación sigue cobrando a los pueblos más de lo que cuesta prestarlo. El sectarismo del Equipo de Gobierno del PP es otra de las constantes que han pasado del mandato anterior a este, como demuestra el hecho de que el 85% de las ayudas directas han ido a parar a alcaldes del PP.

El menosprecio hacia los ayuntamientos está también detrás del golpe de mano que pretendía dar el Equipo de Gobierno del PP, con la colaboración de Ciudadanos, en los consorcios provinciales de bomberos y de recogida de residuos. Su intención no era otra que dejar sin voz ni voto a los municipios que forman parte de ellos, aunque aún no han podido consumarla y este conflicto está pendiente de resolución judicial.

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