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“La fuga de la diputada provincial de Ciudadanos parece un asunto muy turbio tras el que se adivina la mano del PP”

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado que “la fuga de la diputada de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, que ha dejado este partido, nos parece un asunto muy turbio tras el que se adivina la mano del PP, concretamente de su presidenta provincial, Ana Guarinos”. García ha mostrado su convencimiento de que Ramírez “ha actuado al margen de su partido, pero no ha actuado sola, sino de acuerdo con el PP de Guadalajara”.

El portavoz socialista ha recordado que el PP gobierna en la Diputación gracias a un acuerdo firmado con Ciudadanos que establecía una serie de condiciones, compromisos y mecanismos de supervisión. Aunque hasta ahora no se estaba respetando, y Ramírez ha regalado su apoyo incondicional al PP desde el primer momento, lo cierto es que la maniobra que ha protagonizado ahora “deja definitivamente convertido en papel mojado ese acuerdo”, porque priva a Ciudadanos de cualquier capacidad para exigir su cumplimiento. “Por eso, es evidente que forma parte de un plan que busca reforzar una mayoría que el PP no tiene, sin hacerla depender siquiera de las condiciones suscritas en el pacto con Ciudadanos”, ha subrayado García.    

Sin embargo, según el pacto antitransfuguismo firmado por todas las fuerzas con representación parlamentaria, en esta situación no solo se convertiría en tránsfuga la diputada que se aparta de la disciplina de su partido, sino también quienes se beneficien de su acción mediante un acuerdo tácito o explícito. “Un acuerdo que quedará en evidencia su Ramírez no renuncia a su acta de diputada provincial”, ha recalcado el portavoz socialista.

 Diputada no adscrita debe renunciar a dedicación exclusiva

Por eso, ha anticipado que el PSOE “se opondrá frontalmente, recurriendo si es preciso a la justicia, a que la diputada no adscrita mantenga cualquier tipo de recurso material o económico que tuviera hasta ahora en calidad de miembro del grupo político de Ciudadanos, empezando por su dedicación exclusiva”. Esto es así porque la dedicación exclusiva estaba asignada al grupo de Ciudadanos, y no personalmente a quien la ocupa. Lo mismo ocurre con los puestos de asesores y el resto de medios materiales. 

Desde el respeto a las decisiones personales, el portavoz socialista ha insistido en que “por coherencia” Ramírez debería dejar su acta de diputada una vez que se ha dado de baja del partido por el que fue elegida. De hecho, los diputados provinciales no son elegidos directamente por la ciudadanía, sino por los concejales de cada formación política. Además, como todos los candidatos de Ciudadanos, Ramírez tuvo que firmar el compromiso previo de renunciar al puesto si dejaba el partido. “A todo ello se une que se presentó a las elecciones con la bandera de la regeneración política y democrática, lo cual haría aún más reprobable que quisiera seguir como diputada en estas circunstancias”, ha agregado.   

También ha reclamado a los responsables provinciales de Ciudadanos que sean “radicales” en la exigencia del acta de diputada a Ramírez, “y que presionen al PP para que aplique el pacto antitransfuguismo y se abstenga de cualquier acuerdo con ella que pueda vulnerarlo”. Al PP le ha pedido directamente “que dé marcha atrás en este montaje antidemocrático y se abstenga de obtener rédito político de la situación”, advirtiendo de que los socialistas irán contra quienes vulneren los acuerdos antitransfuguismo. 

Por último, García ha exigido al presidente de la Diputación, José Manuel Latre, que convoque de manera inmediata la Junta de Portavoces para informar de las comunicaciones que haya recibido sobre este asunto y de las decisiones que ha tomado hasta ahora o vaya a tomar en adelante. 

 

El PSOE considera “muy pobre y frustrante” el balance de la Diputación en 2016

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, considera que el balance del año recién terminado ha sido “muy pobre” en actuaciones destinadas al desarrollo de la provincia y “muy frustrante” en cuanto a las expectativas de los municipios. “Para el primero de los fines de la Diputación, que es ayudar a los pueblos, 2016 ha sido un año perdido en muchos aspectos”, ha resumido.

Además, transcurrido un año medio de mandato, García ha asegurado que “el experimento de acuerdo entre PP y Ciudadanos por la regeneración, el compromiso social y el compromiso con los pueblos no ha servido para nada”. Al menos no ha servido para nada bueno a los pueblos de la provincia, aunque se ha preguntado si habrá servido de algo a la diputada de Ciudadanos que lo firmó –“suponemos que sí”, ha apuntado–, y se ha mostrado convencido de que sí ha sido útil al PP para apuntalar su situación de minoría “y seguir haciendo lo mismo que antes”.

La falta de compromiso de la Diputación con los pueblos queda de manifiesto, según ha explicado el portavoz socialista, al comprobar la pobreza de las inversiones destinadas a ellos y la escasa ejecución de los proyectos anunciados. Así, en 2016, que debería haber marcado un punto de inflexión tras los esfuerzos destinados en años anteriores al Plan de Carreteras, apenas un 20% de las inversiones previstas estaban directamente destinadas a los pueblos, y lo que es peor, apenas se han ejecutado.

Inversiones sin ejecutar
Como ejemplos más destacados ha recordado que ni siquiera han empezado a utilizarse los 600.000 euros consignados para arreglo de caminos, ni tampoco los 200.000 de obras hidráulicas. De los 100.000 euros previstos para potenciar la administración electrónica solo se han utilizado 23.000 en todo el año, y los 40.000 euros que tenía el plan para ayudar a la renovación de equipos informáticos fueron suprimidos directamente del presupuesto.

“En conjunto, las inversiones se siguen ejecutando en un nivel muy bajo”, ha advertido. De hecho, tan solo llegaban al 45% a falta de un mes para el cierre del ejercicio de 2016. “Ese bajo nivel de ejecución, junto con las limitaciones impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, está arrastrando el presupuesto de la Diputación hacia adelgazamiento progresivo del que los principales perjudicados son los pequeños municipios”, ha asegurado García. El resultado es que el presupuesto de la Diputación era similar al del Ayuntamiento de Guadalajara hace solo unos años y ahora ya está en torno a 10 millones por debajo. Pese que la capital es el único municipio de la provincia con un presupuesto superior al de la Diputación, también es el único al que subvenciona con dinero para ayudas sociales, “en lo que supone un ejercicio evidente de desprecio absoluto hacia el resto”, ha indicado.

El portavoz socialista ha relacionado este desinterés de la Diputación por el desarrollo de la provincia con los datos de población que se acaban de conocer. Tras mantener una tendencia de constante aumento, 2016 acabó con pérdida de población por cuarto año consecutivo. Sin embargo, mientras que la ciudad de Guadalajara o Azuqueca de Henares apenas han perdido un 1%, otros municipios, como Sigüenza o Molina de Aragón, han visto mermado su censo en torno a un 8% desde 2011, y en los pequeños municipios la sangría alcanza cotas dramáticas. Hay pueblos que han perdido casi la mitad de su población en esos cinco años. “Precisamente estos, los municipios de menos de 5.000 habitantes, son la principal razón de ser de las diputaciones, y esta trágica sangría debería ser el principal desvelo del Equipo de Gobierno, a diferencia de lo que está ocurriendo”, ha afirmado.

Datos dramáticos
Pese a que los datos son dramáticos, no se aprecia reacción. “Todo lo contrario: 2016 era el año clave del mandato, pero se ha desperdiciado sin haber definido un Plan Estratégico a medio plazo para esta provincia. El Plan de Carreteras se acaba, pero el Equipo de Gobierno sigue ensimismado, con la amortización acelerada de la deuda como única meta, y así puede ocurrir que ellos ganen la carrera por ver quién elimina deuda más deprisa, pero todos perderemos en la lucha contra la despoblación y contra la desaparición de nuestros pueblos”, ha lamentado.

Después de varios años de retrasos, en 2016 arrancó el servicio provincial de recogida de basuras con tan solo 40 ayuntamientos adheridos de los casi 300 que hay en la provincia. Este dato evidencia el fracaso de un proyecto cuyo futuro se presenta lleno de incertidumbres, ha advertido García. También ha llamado la atención sobre la falta de colaboración con los pueblos implicados en la conmemoración de la publicación del “Viaje a la Alcarria” y el centenario de Cela. Prueba de ello es que solo hubo contacto con los ayuntamientos cuando ya estaba decidido el programa de actividades.

“En cuanto a los servicios que se prestan a los municipios 2016 tampoco ha sido un buen año. A veces por falta de recursos, a veces porque se emplean de manera sectaria, o porque son ineficientes, la inmensa mayoría de los ayuntamientos siguen sin recibir el servicio que merecen”, ha sentenciado el portavoz socialista.

Quejas clamorosas
En este sentido ha subrayado que son “clamorosas” las quejas por los retrasos en los informes urbanísticos, y es prácticamente unánime la queja por el funcionamiento del Servicio de Recaudación, a pesar de que Diputación sigue cobrando a los pueblos más de lo que cuesta prestarlo. El sectarismo del Equipo de Gobierno del PP es otra de las constantes que han pasado del mandato anterior a este, como demuestra el hecho de que el 85% de las ayudas directas han ido a parar a alcaldes del PP.

El menosprecio hacia los ayuntamientos está también detrás del golpe de mano que pretendía dar el Equipo de Gobierno del PP, con la colaboración de Ciudadanos, en los consorcios provinciales de bomberos y de recogida de residuos. Su intención no era otra que dejar sin voz ni voto a los municipios que forman parte de ellos, aunque aún no han podido consumarla y este conflicto está pendiente de resolución judicial.

PP y Ciudadanos despiden el año rechazando aumentar en cinco millones las inversiones para los pueblos

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El Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara y la diputada de Ciudadanos despidieron el año 2016 rechazando un aumento de cinco millones de euros en inversiones para los pueblos, tal como solicitaba el Grupo Socialista en una enmienda al presupuesto de 2017. Sin embargo, esta cantidad se dedicará pagar la revisión de precios exigida por las empresas adjudicatarias del Plan de Carreteras.

“El resultado es que la inversión en los pueblos se queda reducida a la mínima expresión en el presupuesto de 2017”, ha asegurado el portavoz del Grupo Socialista, Julio García. De hecho, estos cinco millones de euros representan la partida de mayor cuantían dentro del capítulo de inversiones aprobado para este año.

Según ha explicado García, el importe de la revisión de precios debería haberse abordado en el momento de liquidación de cada una de las obras y no ahora, al acabar el Plan de Carreteras. En todo caso, ya que no se ha hecho así, ha insistido en que la deuda contraída con las empresas durante estos últimos años “es un pago de carácter extraordinario y, en consecuencia, debería abordarse también con carácter extraordinario, sin restar capacidad de inversión a los presupuestos”.

De hecho, el Grupo Socialista proponía destinar esos cinco millones a financiar carreteras que restan por acondicionar por haber quedado fuera del propio Plan y a mejorar infraestructuras básicas, como las redes de distribución y saneamiento de agua, que están entre las demandas prioritarias de los municipios. “Sin embargo, se van a quedar sin una inyección inversora que hubiera beneficiado de manera directa a muchos vecinos que viven en localidades pequeñas y con pocos recursos, necesitadas de un apoyo decidido que no están encontrando ni el PP ni en Ciudadanos”, ha señalado García.

En concreto, la enmienda del Grupo Socialista proponía abordar la renovación de la carreteras GU-211 –en el tramo entre Valverde de los Arroyos y la CM-1006, incluyendo la ampliación de un puente sobre el río Sorbe–, la GU-205 –entre Horche y Valdarachas– y la GU-102 –entre Azuqueca de Henares y Villanueva de la Torre–. La selección de estas vías responde a las prioridades manifestadas por los propios técnicos de la Diputación. Además, se podría haber acometido el acondicionamiento del camino que une las localidades de Membrillera y San Andrés del Congosto, cumpliendo así el mandato acordado en el pleno del pasado mes de abril. Por último, la partida destinada a renovación de redes hidráulicas hubiera aumentado en 1,8 millones de euros para llegar así a la cifra de dos millones, en vez de los 200.000 euros presupuestados por el PP, una cantidad que resulta claramente insuficiente.

PP y Ciudadanos, contra la reinversión del superávit
Por otro lado, el PP y Ciudadanos rechazaron también otra propuesta del Grupo Socialista para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que autorice a las entidades locales con superávit a utilizarlo en su totalidad para inversiones productivas y políticas sociales y de empleo. El portavoz socialista ha recordado que “la normativa actual está frenando el desarrollo de los pueblos, al impedirles destinar sus ahorros a inversiones y a políticas que sirvan para mejorar la vida de sus vecinos”.

De hecho, la administración local está siendo penalizada, a pesar de ser la única que tiene superávit y está saneada. Aunque este año ya han cumplido con el objetivo de deuda fijado para el año 2020, ni ayuntamientos ni diputaciones pueden reinvertir íntegramente unos ahorros que en conjunto superan los 4.500 millones de euros. Por el contrario, están obligados a priorizar pagos a los bancos para reducir deuda, o dejar el dinero completamente inactivo si no la tienen.

El PSOE plantea aumentar en cinco millones de euros las inversiones de la Diputación en 2017

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El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha anunciado que presentará una enmienda al proyecto de presupuestos de 2017 para que se destinen a nuevas inversiones más de cinco millones de euros que ahora aparecen consignados para hacer frente a una revisión de precios exigida por las empresas adjudicatarias del Plan de Carreteras. “Creemos que estos pagos son extraordinarios y, en consecuencia, deben abordarse también con carácter extraordinario, sin restar capacidad de inversión a los presupuestos”, ha afirmado García.

Por eso, pedirá que la deuda contraída con las empresas –aún sin cuantificar definitivamente–, se financie mediante un crédito extraordinario o con remanentes de tesorería. Según ha adelantado el portavoz socialista, la ejecución presupuestaria a fecha 30 de noviembre apenas superaba el 60%, e incluso bajaba al 45% en el capítulo de inversiones, lo que permite anticipar que este ejercicio se cerrará nuevamente con un elevado remanente, debido a la escasa capacidad de gestión del Equipo de Gobierno del PP.

La alternativa planteada por el Grupo Socialista es que esos cinco millones de euros se utilicen para arreglar carreteras que se quedaron descolgadas del Plan de Carreteras y para acometer obras hidráulicas en los pueblos, que constituyen una de sus mayores preocupaciones. Pese a ello, el proyecto de presupuestos destina a este fin tan solo 200.000 euros –“una cantidad ridícula”, ha señalado García–, y no hay ninguna partida prevista para esas vías provinciales que aún quedan por acondicionar.

Para el portavoz socialista, una vez concluido el Plan de Carreteras, que ha absorbido buena parte de las inversiones en los últimos años, es el momento de dirigir el esfuerzo hacia otras necesidades. Sin embargo, de los 18,7 millones previstos en el capítulo de inversiones, apenas un tercio corresponden a inversiones directas en los municipios, mientras que con la propuesta del Grupo Socialista se llegaría al menos al cincuenta por ciento. “No nos parece justo que los pueblos tengan que seguir esperando para que el presupuesto de la Diputación se vuelque de verdad en ellos. No lo merecen”, ha asegurado.

Caída del presupuesto por incapacidad del PP para gestionar
García ha denunciado también la constante reducción del presupuesto de la Diputación en los últimos años, “que limita la capacidad de invertir en los pueblos, y eso es letal”. Mientras que en 2014 el techo de gasto fue de casi 59 millones de euros, la cantidad fijada para 2017 no llega a 54 millones. Son cinco millones de euros –casi un 10%– lo que se ha perdido en tan solo cuatro años, sobre todo como consecuencia de la incapacidad del PP para gestionar adecuadamente.

La normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy fija el límite de gasto de las administraciones en función del presupuesto liquidado a final de año, y no sobre las cuentas aprobadas al inicio del ejercicio. Como la ejecución presupuestaria que presenta el Equipo de Gobierno es cada vez más baja, el resultado es que el techo de gasto –y por tanto la capacidad de inversión– disminuye un año tras otro.

Por otro lado, el portavoz socialista ha llamado la atención sobre la previsión presupuestaria para el servicio provincial de basuras, que ha calificado de “indignante e ilegal”. La Diputación asegura a la empresa adjudicataria el cobro de 569.000 euros, aunque solo prevé recaudar 320.000 euros. “Es un fraude que incumple el acuerdo de pleno por el que se creó el servicio, y también la autorización del Ministerio de Hacienda, porque en ambos se establece que debe financiarse íntegramente y en exclusiva con aportaciones de los municipios adheridos”, ha advertido.

Además, ha lamentado que el proyecto de presupuestos no incluya la dotación para cubrir una plaza de arquitecto en el Servicio de Atención al Municipio (SAM), que permitiría agilizar el considerable retraso que acumulan los informes solicitados por los ayuntamientos en materia urbanística. Aunque el pasado mes de noviembre se aprobó por unanimidad una moción del Grupo Socialista en ese sentido, el Equipo de Gobierno parece decidido a hacer caso omiso del mandato del pleno.

También ha criticado la falta de apoyo a los grupos de desarrollo rural, para los que solo hay una partida de 100.000 euros, cuando en el anterior periodo de programación iniciado en 2008 recibieron ayudas por importe de 2,3 millones de euros. “Eso nos da idea del compromiso de este Equipo de Gobierno con el medio rural”, ha indicado García.

Parque de bomberos de Sacedón
Otro olvido destacado es el parque de bomberos de Sacedón, que se demora una vez más, ahora con la excusa de una consulta al Ministerio de Hacienda sobre las posibilidades de contratación de personal. “¿No sería más lógico haber hecho la consulta con tiempo para haber podido incorporar algo de financiación al presupuesto?”, se ha preguntado.

García ha calificado como “un insulto” que el Ayuntamiento de Guadalajara –el que tiene mayor presupuesto de toda la provincia– sea el único privilegiado con un convenio para ayudas de emergencia, y ha anunciado que el Grupo Socialista reclamará el mismo trato “para otros municipios cuyos ciudadanos tienen el mismo derecho, pero menos oportunidades de recibir ayuda”. Por último, ha dicho que resulta igualmente insultante que el PP se atreva a mencionar siquiera en el presupuesto las ayudas a ganaderos por ataques de lobos, “cuando el único año es que las anunciaron, en 2013, no pagaron ni un euro a nadie”.

El juzgado rechaza también la disolución de la Asamblea General en el Consorcio de Bomberos mientras no haya sentencia

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Nuevo revés judicial para Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara. Apenas 48 horas después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 acordara suspender la constitución de una nueva Asamblea General en el Consorcio de Residuos compuesta por tan solo nueve miembros y modificar los estatutos, el mismo órgano judicial se ha pronunciado en igual sentido en relación con el Consorcio de Bomberos. En un auto emitido ayer, deja sin efecto esos dos puntos en el orden del día de la reunión prevista para hoy, con los que el PP pretendía consumar su intención de privar a los pueblos del derecho a participar en la toma de decisiones antes de que se resuelva el recurso judicial interpuesto.

Al igual que ocurre en el Consorcio de Residuos, el Equipo de Gobierno de la Diputación también pretende suprimir en el Consorcio de Bomberos una Asamblea General en la que están representados todos los ayuntamientos, y reemplazarla por otra de la que solo formarían parte doce miembros, elegidos por los grupos políticos con representación en la Corporación provincial. De este modo, la inmensa mayoría de los pueblos quedarían privados de voz y voto y no tendrían ninguna capacidad de decisión en un órgano que contribuyen a financiar y que atiende competencias municipales.

Según recuerda el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Julio García, un ayuntamiento como Azuqueca de Henares, que aporta más de 800.000 euros anuales al Consorcio de Bomberos, no tendría presencia propia en ninguno de los órganos de representación y decisión.

Tras estos dos varapalos consecutivos, García espera que el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, sea capaz de “recapacitar y dar marcha atrás para corregir una deriva que solo demuestra falta de respeto por los pueblos de la provincia, a los que se pretende ningunear, en vez de ponerse a su servicio, como corresponde a una administración cuya razón de ser es precisamente ayudar a los pueblos más pequeños y con menos recursos”.

Latre ha tenido secuestrados 500.000 euros para una obra que ha sido incapaz de hacer en Sigüenza, mientras otros pueblos se han quedado sin ayudas

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El sectarismo y la ineficacia del Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara –con su presidente y alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, a la cabeza– han quedado en evidencia con el fallido proyecto de construir dos nuevos colectores para aguas residuales en esa localidad. Durante más de año y medio, Latre ha mantenido secuestrado medio millón de euros del presupuesto de la Diputación para financiar una obra que ha sido incapaz de ejecutar. Mientras, otros municipios se han quedado sin ayudas para obras hidráulicas. De hecho, este año tan solo se han destinado 400.000 euros para este fin.

Según ha recordado el portavoz socialista en la Diputación, Julio García, en marzo del año pasado, poco antes de las elecciones municipales, la entonces presidenta de la Diputación y del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, repartió a dedo un millón de euros entre tres municipios gobernados por ese partido: Molina de Aragón, Jadraque y Sigüenza, donde Latre era candidato a alcalde. La mitad de esa cantidad estaba destinada a precisamente Sigüenza, y debía servir para financiar la construcción de dos nuevos colectores de aguas residuales.

“Ni entonces ni ahora discutimos que las obras fueran necesarias. El problema es que ninguno de los 280 pueblos restantes, cuyas necesidades son iguales o mayores, tuvo oportunidad de beneficiarse de unas ayudas que se otorgaron sin ningún criterio objetivo y con una finalidad claramente electoralista”, ha aclarado el portavoz socialista.

Al tratarse de inversiones financiadas con remanentes de tesorería, debían cumplir una serie de requisitos, entre ellos el de ser adjudicadas y ejecutadas en el año, o excepcionalmente al siguiente, por lo que el crédito se extinguirá el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, las obras previstas en Sigüenza ni siquiera han empezado todavía, con lo que todo apunta a que la financiación se perderá por la pésima gestión que ha hecho Latre.

Engaño de Latre a los vecinos de Sigüenza
El proyecto contemplaba la renovación de dos tramos de colectores de aguas residuales que afectan parcialmente al cauce de un arroyo y del río Henares, lo que obliga a obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Aunque Latre aseguró desde el primer momento que podía disponer de los terrenos, lo cierto es que el permiso no ha llegado hasta esta misma semana. Para colmo, solo alcanza a uno de los dos colectores previstos, el que discurre junto al río Henares. El otro lo prohíbe expresamente.

“Esto significa que cuando el alcalde dijo que ya tenía el permiso, en realidad ni siquiera lo había solicitado. Es un engaño que no se merecen ni los vecinos de Sigüenza ni los demás pueblos, que han visto cómo Latre ha tenido paralizada una cantidad tan importante como medio millón de euros aunque sabía que no iba a poder utilizarla. No podemos olvidar que es más de lo que se ha presupuestado para obras hidráulicas en todo este año”, ha subrayado García.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sigüenza y diputada provincial, Rosario Galán, ha insistido en que son unas obras “absolutamente necesarias para Sigüenza, que ahora están peligro porque no hay tiempo material para ejecutar el proyecto”. Por eso, ha reclamado a Latre que explique a los vecinos por qué se ha demorado tanto, hasta el punto de poner en peligro una obra tan importante. “Creo que es difícil de entender que en año y medio no se haya podido hacer, pero en todo caso exigimos al alcalde que se ponga a trabajar inmediatamente para resolver los problemas que existen y que se haga de una vez la obra”, ha asegurado.

El juzgado impide seguir adelante con la disolución de la Asamblea General del Consorcio de Residuos

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha impedido al Equipo de Gobierno del PP en la Diputación seguir adelante con la disolución de la Asamblea General del Consorcio de Residuos, dejando sin voz ni voto a los municipios que forman parte de este órgano. En un auto dictado esta misma semana, ha ordenado dejar sin efecto la pretensión de constituir una nueva Asamblea General integrada por tan solo nueve miembros designados por los grupos políticos con representación en la Diputación y, a continuación, modificar los estatutos para dar carta de naturaleza a lo que el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha calificado como “un atropello”. El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, había convocado para hoy mismo una reunión en la que pretendía sacar adelante estos dos puntos.

El Juzgado ha atendido así la petición formulada por varios ayuntamientos que han recurrido la lectura restrictiva de la reforma local que está haciendo el PP en la Diputación de Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos. Aunque todavía está pendiente el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, García ha asegurado que “es un serio varapalo para Latre, que ha querido ejecutar un auténtico golpe de mano contra los pueblos, privándoles de su derecho a participar en la toma de decisiones, pese a que los consorcios gestionan competencias municipales”.

De hecho, con la fórmula que pretende aplicar el presidente de la Diputación, un municipio como Azuqueca de Henares, que aporta cerca de 800.000 euros anuales al Consorcio de Bomberos, no tendría garantizada su presencia en ninguno de los órganos de representación y decisión. “Esto significa que municipios que decidieron asociarse para gestionar un determinado servicio, miembros de pleno derecho del Consorcio que han nombrado legal y legítimamente a sus representantes, quedarían despojados de su derecho a participar en la toma de decisiones”, ha agregado el portavoz socialista.

Cambios compatibles con el respeto a los derechos de los municipios
A su juicio, los cambios que introduce la reforma local en la configuración de los consorcios son totalmente compatibles con el respeto a los derechos de los municipios. “Otros consorcios, a los que obviamente también afecta la misma ley, han modificado sus estatutos haciendo justo lo que nosotros proponemos: aplicar las restricciones en el número de miembros del Consejo o de la Junta de Gobierno, pero mantener una Asamblea General con todos los representantes municipales. Tenemos ejemplos en Alicante, Zamora, Valencia o Ciudad Real. De lo que no tenemos noticia es de lo que se ha empeñado en hacer el PP en Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos”, ha explicado García.

Tras la suspensión ordenada por el juez, el Grupo Socialista confía en que una pronta resolución sobre el fondo del asunto acabe definitivamente con el intento del Equipo de Gobierno de pasar por encima de los derechos de los municipios en ambos consorcios. Pese a que la resolución judicial no impedía tratar otros asuntos “ordinarios” contenidos en la convocatoria, los tres representantes socialistas no han participado en la adopción de esos acuerdos, al entender que si el juez no había permitido constituir la Asamblea, esta carecía de legitimidad para adoptarlos.

“No obstante, lo importante es que esa resolución judicial, con la que estamos de acuerdo, ha impedido avanzar en la estrategia del PP de disolución definitiva de la Asamblea General y de modificar los estatutos vigentes a su antojo, sin contar con los pueblos”, ha recalcado el portavoz socialista.

El PSOE pide que el superávit de las entidades locales se destine a inversión, políticas sociales y de empleo

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El PSOE de Guadalajara va a presentar mociones en ayuntamientos y en la Diputación para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que autorice a las entidades locales con superávit a utilizarlo en su totalidad para inversiones productivas y también para políticas sociales y de empleo. Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva provincial, Julio García, “la normativa actual está frenando el desarrollo de los pueblos al impedirles destinar sus ahorros a inversiones y a políticas que sirvan para mejorar la vida de sus vecinos”.

De hecho, la administración local está siendo penalizada, a pesar de ser la única que tiene superávit y está saneada. Aunque este año ya han cumplido con el objetivo de deuda fijado para el año 2020, ni ayuntamientos ni diputaciones pueden reinvertir totalmente unos ahorros que en conjunto superan los 4.500 millones de euros. Están obligados a priorizar pagos a los bancos para reducir deuda, o dejar el dinero completamente inactivo si no la tienen.

La reinversión del superávit es una reivindicación que el PSOE ya había planteado en anteriores ocasiones, aunque siempre fue rechazada por el rodillo de la mayoría absoluta del PP. “Esperamos que ahora se acabe esa cerrazón y el Gobierno sea consciente de que es preciso llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Los socialistas vamos a trabajar para conseguirlo y para demostrar que desde la oposición también se pueden cambiar las cosas”, ha indicado García.

Latre y Guarinos destinan más dinero para los bancos que para inversión
En el caso de la Diputación de Guadalajara, es evidente que ha perdido capacidad de ayudar a los pueblos, no solo porque su presupuesto ha ido cayendo año tras año, sino también por la imposibilidad de reinvertir el superávit. Además, tanto Guarinos en el mandato anterior, como Latre desde que es presidente, se han aplicado con especial dedicación a amortizar deuda anticipadamente, en vez de utilizarlo para inversiones productivas.

“De nada le vale a Guadalajara tener la Diputación que más deuda amortiza, si también es la que menos ayuda presta a los pequeños municipios. De nada sirve ganar la carrera de la amortización anticipada, si perdemos la carrera del desarrollo provincial y de la lucha contra la despoblación”, ha explicado el portavoz socialista.

El último ejemplo se ha podido ver hace solo dos meses. El pasado 21 de octubre se aprobó en pleno amortizar anticipadamente este año créditos por importe de 5,2 millones de euros con el remanente de tesorería de 2015, mientras que apenas se han destinado cuatro millones de euros de esa partida a financiar inversiones. “Aplicando la petición que estamos haciendo, se hubieran podido poner en circulación hasta 10 millones de euros adicionales este año para inversión, desarrollo y gasto social, algo que resulta indispensable en nuestra provincia”, ha agregado García.

Por otro lado, el PSOE también reclama una modificación de la regla de gasto, que ahora está teniendo un efecto perverso en numerosas entidades locales, y en concreto en la Diputación de Guadalajara. En efecto, al aplicarse sobre el presupuesto liquidado a final de año y no sobre las cuentas aprobadas al inicio del ejercicio, el resultado es que el techo presupuestario disminuye un año tras otro.

Tomando como referencia el ejercicio de 2014, el primero para el que se aprobó el techo de gasto, la caída es muy evidente. En aquel año, el límite de gasto se cifró en casi 59 millones de euros, mientras que la cantidad aprobada el mes pasado para 2017 se queda en 53,7 millones. Es decir, en solo cuatro años se han perdido más de cinco millones de euros, que supone casi un 10%. “A este ritmo, al final del mandato el presupuesto de la Diputación podría estar en torno a los 48 millones de euros, una pérdida irreparable para nuestra provincia. De hecho, es casi el equivalente a la cantidad que se destina a los planes provinciales”, ha advertido el portavoz socialista.

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