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El juzgado rechaza también la disolución de la Asamblea General en el Consorcio de Bomberos mientras no haya sentencia

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Nuevo revés judicial para Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara. Apenas 48 horas después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 acordara suspender la constitución de una nueva Asamblea General en el Consorcio de Residuos compuesta por tan solo nueve miembros y modificar los estatutos, el mismo órgano judicial se ha pronunciado en igual sentido en relación con el Consorcio de Bomberos. En un auto emitido ayer, deja sin efecto esos dos puntos en el orden del día de la reunión prevista para hoy, con los que el PP pretendía consumar su intención de privar a los pueblos del derecho a participar en la toma de decisiones antes de que se resuelva el recurso judicial interpuesto.

Al igual que ocurre en el Consorcio de Residuos, el Equipo de Gobierno de la Diputación también pretende suprimir en el Consorcio de Bomberos una Asamblea General en la que están representados todos los ayuntamientos, y reemplazarla por otra de la que solo formarían parte doce miembros, elegidos por los grupos políticos con representación en la Corporación provincial. De este modo, la inmensa mayoría de los pueblos quedarían privados de voz y voto y no tendrían ninguna capacidad de decisión en un órgano que contribuyen a financiar y que atiende competencias municipales.

Según recuerda el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Julio García, un ayuntamiento como Azuqueca de Henares, que aporta más de 800.000 euros anuales al Consorcio de Bomberos, no tendría presencia propia en ninguno de los órganos de representación y decisión.

Tras estos dos varapalos consecutivos, García espera que el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, sea capaz de “recapacitar y dar marcha atrás para corregir una deriva que solo demuestra falta de respeto por los pueblos de la provincia, a los que se pretende ningunear, en vez de ponerse a su servicio, como corresponde a una administración cuya razón de ser es precisamente ayudar a los pueblos más pequeños y con menos recursos”.

Latre ha tenido secuestrados 500.000 euros para una obra que ha sido incapaz de hacer en Sigüenza, mientras otros pueblos se han quedado sin ayudas

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El sectarismo y la ineficacia del Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara –con su presidente y alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, a la cabeza– han quedado en evidencia con el fallido proyecto de construir dos nuevos colectores para aguas residuales en esa localidad. Durante más de año y medio, Latre ha mantenido secuestrado medio millón de euros del presupuesto de la Diputación para financiar una obra que ha sido incapaz de ejecutar. Mientras, otros municipios se han quedado sin ayudas para obras hidráulicas. De hecho, este año tan solo se han destinado 400.000 euros para este fin.

Según ha recordado el portavoz socialista en la Diputación, Julio García, en marzo del año pasado, poco antes de las elecciones municipales, la entonces presidenta de la Diputación y del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, repartió a dedo un millón de euros entre tres municipios gobernados por ese partido: Molina de Aragón, Jadraque y Sigüenza, donde Latre era candidato a alcalde. La mitad de esa cantidad estaba destinada a precisamente Sigüenza, y debía servir para financiar la construcción de dos nuevos colectores de aguas residuales.

“Ni entonces ni ahora discutimos que las obras fueran necesarias. El problema es que ninguno de los 280 pueblos restantes, cuyas necesidades son iguales o mayores, tuvo oportunidad de beneficiarse de unas ayudas que se otorgaron sin ningún criterio objetivo y con una finalidad claramente electoralista”, ha aclarado el portavoz socialista.

Al tratarse de inversiones financiadas con remanentes de tesorería, debían cumplir una serie de requisitos, entre ellos el de ser adjudicadas y ejecutadas en el año, o excepcionalmente al siguiente, por lo que el crédito se extinguirá el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, las obras previstas en Sigüenza ni siquiera han empezado todavía, con lo que todo apunta a que la financiación se perderá por la pésima gestión que ha hecho Latre.

Engaño de Latre a los vecinos de Sigüenza
El proyecto contemplaba la renovación de dos tramos de colectores de aguas residuales que afectan parcialmente al cauce de un arroyo y del río Henares, lo que obliga a obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Aunque Latre aseguró desde el primer momento que podía disponer de los terrenos, lo cierto es que el permiso no ha llegado hasta esta misma semana. Para colmo, solo alcanza a uno de los dos colectores previstos, el que discurre junto al río Henares. El otro lo prohíbe expresamente.

“Esto significa que cuando el alcalde dijo que ya tenía el permiso, en realidad ni siquiera lo había solicitado. Es un engaño que no se merecen ni los vecinos de Sigüenza ni los demás pueblos, que han visto cómo Latre ha tenido paralizada una cantidad tan importante como medio millón de euros aunque sabía que no iba a poder utilizarla. No podemos olvidar que es más de lo que se ha presupuestado para obras hidráulicas en todo este año”, ha subrayado García.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sigüenza y diputada provincial, Rosario Galán, ha insistido en que son unas obras “absolutamente necesarias para Sigüenza, que ahora están peligro porque no hay tiempo material para ejecutar el proyecto”. Por eso, ha reclamado a Latre que explique a los vecinos por qué se ha demorado tanto, hasta el punto de poner en peligro una obra tan importante. “Creo que es difícil de entender que en año y medio no se haya podido hacer, pero en todo caso exigimos al alcalde que se ponga a trabajar inmediatamente para resolver los problemas que existen y que se haga de una vez la obra”, ha asegurado.

El juzgado impide seguir adelante con la disolución de la Asamblea General del Consorcio de Residuos

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha impedido al Equipo de Gobierno del PP en la Diputación seguir adelante con la disolución de la Asamblea General del Consorcio de Residuos, dejando sin voz ni voto a los municipios que forman parte de este órgano. En un auto dictado esta misma semana, ha ordenado dejar sin efecto la pretensión de constituir una nueva Asamblea General integrada por tan solo nueve miembros designados por los grupos políticos con representación en la Diputación y, a continuación, modificar los estatutos para dar carta de naturaleza a lo que el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha calificado como “un atropello”. El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, había convocado para hoy mismo una reunión en la que pretendía sacar adelante estos dos puntos.

El Juzgado ha atendido así la petición formulada por varios ayuntamientos que han recurrido la lectura restrictiva de la reforma local que está haciendo el PP en la Diputación de Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos. Aunque todavía está pendiente el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, García ha asegurado que “es un serio varapalo para Latre, que ha querido ejecutar un auténtico golpe de mano contra los pueblos, privándoles de su derecho a participar en la toma de decisiones, pese a que los consorcios gestionan competencias municipales”.

De hecho, con la fórmula que pretende aplicar el presidente de la Diputación, un municipio como Azuqueca de Henares, que aporta cerca de 800.000 euros anuales al Consorcio de Bomberos, no tendría garantizada su presencia en ninguno de los órganos de representación y decisión. “Esto significa que municipios que decidieron asociarse para gestionar un determinado servicio, miembros de pleno derecho del Consorcio que han nombrado legal y legítimamente a sus representantes, quedarían despojados de su derecho a participar en la toma de decisiones”, ha agregado el portavoz socialista.

Cambios compatibles con el respeto a los derechos de los municipios
A su juicio, los cambios que introduce la reforma local en la configuración de los consorcios son totalmente compatibles con el respeto a los derechos de los municipios. “Otros consorcios, a los que obviamente también afecta la misma ley, han modificado sus estatutos haciendo justo lo que nosotros proponemos: aplicar las restricciones en el número de miembros del Consejo o de la Junta de Gobierno, pero mantener una Asamblea General con todos los representantes municipales. Tenemos ejemplos en Alicante, Zamora, Valencia o Ciudad Real. De lo que no tenemos noticia es de lo que se ha empeñado en hacer el PP en Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos”, ha explicado García.

Tras la suspensión ordenada por el juez, el Grupo Socialista confía en que una pronta resolución sobre el fondo del asunto acabe definitivamente con el intento del Equipo de Gobierno de pasar por encima de los derechos de los municipios en ambos consorcios. Pese a que la resolución judicial no impedía tratar otros asuntos “ordinarios” contenidos en la convocatoria, los tres representantes socialistas no han participado en la adopción de esos acuerdos, al entender que si el juez no había permitido constituir la Asamblea, esta carecía de legitimidad para adoptarlos.

“No obstante, lo importante es que esa resolución judicial, con la que estamos de acuerdo, ha impedido avanzar en la estrategia del PP de disolución definitiva de la Asamblea General y de modificar los estatutos vigentes a su antojo, sin contar con los pueblos”, ha recalcado el portavoz socialista.

El PSOE pide que el superávit de las entidades locales se destine a inversión, políticas sociales y de empleo

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El PSOE de Guadalajara va a presentar mociones en ayuntamientos y en la Diputación para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que autorice a las entidades locales con superávit a utilizarlo en su totalidad para inversiones productivas y también para políticas sociales y de empleo. Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva provincial, Julio García, “la normativa actual está frenando el desarrollo de los pueblos al impedirles destinar sus ahorros a inversiones y a políticas que sirvan para mejorar la vida de sus vecinos”.

De hecho, la administración local está siendo penalizada, a pesar de ser la única que tiene superávit y está saneada. Aunque este año ya han cumplido con el objetivo de deuda fijado para el año 2020, ni ayuntamientos ni diputaciones pueden reinvertir totalmente unos ahorros que en conjunto superan los 4.500 millones de euros. Están obligados a priorizar pagos a los bancos para reducir deuda, o dejar el dinero completamente inactivo si no la tienen.

La reinversión del superávit es una reivindicación que el PSOE ya había planteado en anteriores ocasiones, aunque siempre fue rechazada por el rodillo de la mayoría absoluta del PP. “Esperamos que ahora se acabe esa cerrazón y el Gobierno sea consciente de que es preciso llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Los socialistas vamos a trabajar para conseguirlo y para demostrar que desde la oposición también se pueden cambiar las cosas”, ha indicado García.

Latre y Guarinos destinan más dinero para los bancos que para inversión
En el caso de la Diputación de Guadalajara, es evidente que ha perdido capacidad de ayudar a los pueblos, no solo porque su presupuesto ha ido cayendo año tras año, sino también por la imposibilidad de reinvertir el superávit. Además, tanto Guarinos en el mandato anterior, como Latre desde que es presidente, se han aplicado con especial dedicación a amortizar deuda anticipadamente, en vez de utilizarlo para inversiones productivas.

“De nada le vale a Guadalajara tener la Diputación que más deuda amortiza, si también es la que menos ayuda presta a los pequeños municipios. De nada sirve ganar la carrera de la amortización anticipada, si perdemos la carrera del desarrollo provincial y de la lucha contra la despoblación”, ha explicado el portavoz socialista.

El último ejemplo se ha podido ver hace solo dos meses. El pasado 21 de octubre se aprobó en pleno amortizar anticipadamente este año créditos por importe de 5,2 millones de euros con el remanente de tesorería de 2015, mientras que apenas se han destinado cuatro millones de euros de esa partida a financiar inversiones. “Aplicando la petición que estamos haciendo, se hubieran podido poner en circulación hasta 10 millones de euros adicionales este año para inversión, desarrollo y gasto social, algo que resulta indispensable en nuestra provincia”, ha agregado García.

Por otro lado, el PSOE también reclama una modificación de la regla de gasto, que ahora está teniendo un efecto perverso en numerosas entidades locales, y en concreto en la Diputación de Guadalajara. En efecto, al aplicarse sobre el presupuesto liquidado a final de año y no sobre las cuentas aprobadas al inicio del ejercicio, el resultado es que el techo presupuestario disminuye un año tras otro.

Tomando como referencia el ejercicio de 2014, el primero para el que se aprobó el techo de gasto, la caída es muy evidente. En aquel año, el límite de gasto se cifró en casi 59 millones de euros, mientras que la cantidad aprobada el mes pasado para 2017 se queda en 53,7 millones. Es decir, en solo cuatro años se han perdido más de cinco millones de euros, que supone casi un 10%. “A este ritmo, al final del mandato el presupuesto de la Diputación podría estar en torno a los 48 millones de euros, una pérdida irreparable para nuestra provincia. De hecho, es casi el equivalente a la cantidad que se destina a los planes provinciales”, ha advertido el portavoz socialista.

Alcaldes del PP se llevan más del 85% de las subvenciones directas concedidas por Latre

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Más del 85% de las subvenciones concedidas de manera directa durante este año por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, del PP, han ido a parar a alcaldes de ese mismo partido, pese a que solo gobierna en 132 municipios –un 45,8%–, menos de los gobernados por el PSOE, que suma 135 –un 46,8%–. “Esta utilización del dinero público de forma absolutamente partidista ya era práctica habitual durante la etapa anterior, bajo el mandato de Ana Guarinos. Lamentablemente, en vez de desaparecer, se ha visto continuada y aumentada con Latre, que parece interesado en situarse como alumno aventajado de las peores prácticas de su antecesora”, ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Julio García.

Según los datos que ha aportado, extraídos de las resoluciones de Presidencia durante este año Latre ha otorgado subvenciones a ayuntamientos de manera directa –sin convocatoria pública– por importes que suman casi 62.000 euros. De esa cantidad, más de 53.000 euros –el 86,2%– han sido para municipios donde gobierna el PP, que se han llevado hasta 18 de las 23 subvenciones concedidas. Mientras, solo cuatro ayuntamientos gobernados por el PSOE han recibido ayudas, por un importe total de 6.500 euros –apenas el 10% del total–.

“Es evidente que Latre y el Equipo de Gobierno del PP están aprovechando la posibilidad de distribuir ayudas de manera directa para hacer un reparto arbitrario que beneficia sus intereses de partido. No dudamos de que los ayuntamientos que han recibido las ayudas tengan necesidades que cubrir, pero en la misma situación se encuentran los demás. Por eso, el desequilibrio resulta injustificable. El dinero público debe utilizarse de manera escrupulosa para atender las necesidades de nuestros municipios, y no debe servir para hacer favores o para pagarlos con criterios exclusivamente partidistas”, ha asegurado García.

A pesar de las promesas de regeneración que hicieron tanto Latre como la diputada de Ciudadanos, Yolanda Ramírez –cuyo voto sostiene al PP–, la realidad es que poco ha cambiado en este aspecto en la Diputación en relación con el mandato de Guarinos, una etapa especialmente oscura en todo lo que se refiere a sectarismo y utilización del Gobierno de manera partidista.

De hecho, entre 2011 y 2015 –cuando el PP apenas gobernaba en un 43% de los ayuntamientos de la provincia, frente a un 53% que tenían alcaldes del PSOE– los municipios gobernados por el PP recibieron más del 70% de las inversiones distribuidas sin ningún criterio objetivo por la expresidenta y ahora vicepresidenta primera. De esta forma arbitraria, se repartieron más de 10 millones de euros destinados a proyectos de eficiencia energética, alumbrado u obras hidráulicas. “Ahora, Latre parece haberse propuesto no sólo emular a su antecesora, sino superarla”, ha lamentado el portavoz socialista.

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