El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, pretende gastarse un total de 84.700 euros en adquirir dos coches de alta gama para él y su Equipo de Gobierno uso exclusivo suyo y de sus diputados. De hecho, van a sustituir a los que utilizaban hasta ahora, según consta en el pliego de prescripciones técnicas del contrato de suministro. El acuerdo aprobado en Junta de Gobierno ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 30 mayo.

El Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara y la diputada tránsfuga han rechazado una moción de apoyo a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, en la que se reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy la suspensión de los trasvases hasta que los embalses recuperen un nivel próximo a los 1.000 hectómetros cúbicos, que representan aproximadamente un 40% de su capacidad total. Actualmente, ambos suman tan solo 366 hectómetros cúbicos, justo en el límite mínimo no trasvasable durante este año, cuando aún está pendiente una nueva derivación de 7,5 hectómetros cúbicos aprobada la semana pasada.

La moción recordaba que el memorándum suscrito durante la pasada legislatura, aprovechando la mayoría absoluta del PP tanto en el Gobierno de España como en todas las comunidades de Valencia, Murcia, Extremadura, Madrid y la propia Castilla-La Mancha, significó en la práctica “un blindaje del trasvase”. “Desde entonces, los intereses de los municipios ribereños y de la cuenca cedente han pasado a un segundo plano, dando prioridad, como nos temíamos, a los intereses de la cuenca receptora. Sin embargo, esta situación parece ser del agrado del PP de Guadalajara y también de la diputada tránsfuga, porque no han querido alzar la voz para pedir que acabe esta injusticia”, ha asegurado el portavoz socialista, Julio García.

De hecho, el memorándum establecía unos niveles trasvasables de hasta 650 hectómetros cúbicos anuales, muy por encima de la media de las aportaciones actuales de la cabecera del Tajo, y anulaba la disposición del Plan Hidrológico Nacional que ordenaba revisar los volúmenes trasvasables a medida que entraran en funcionamiento las desaladoras. Además, consideraba como excedentaria toda el agua embalsada que supere los niveles mínimos.

Por ello, la propuesta del PSOE, que estaba en sintonía con las reivindicaciones de la Asociación de Municipios Ribereños, reclamaba la derogación de estas medidas “y la puesta en marcha de medidas alternativas para asegurar las demandas de la cuenca receptora”, de manera los trasvases puedan disminuir progresivamente hasta su desaparición. También pedía unos caudales ecológicos mínimos en el río Tajo adecuados a las necesidades ambientales y socioeconómicas de cada tramo de la cuenca.

En estos años, se ha comprobado también que el anuncio de una reserva no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera no fue más que “mera propaganda y un engaño manifiesto”. Prueba de ello es que Entrepeñas y Buendía se encuentran por debajo de esa cifra y el Gobierno sigue enviando agua al Levante.

Por último, el portavoz socialista ha subrayado que el Gobierno de Rajoy está incumpliendo los compromisos de inversión para contribuir al desarrollo de la comarca ribereña, como las obras de abastecimiento a los municipios de la futura Mancomunidad de Municipios Ribereños o un plan de fomento del uso público y adecuación medioambiental del los embalses, aprobado desde hace año, pero guardado en un cajón del Ministerio.

El portavoz de Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado que el Equipo de Gobierno del PP “ha sacado fuera de la ley los dos consorcios provinciales, tanto el de Bomberos como el de recogida de residuos”. De hecho, en ambos casos se ha procedido a la aprobación inicial de una modificación de estatutos para privar de voz y votos a los ayuntamientos, y se ha hecho de manera unilateral y absolutamente irregular, incumpliendo hasta los requisitos más básicos para que los acuerdos adoptados puedan ser válidos.

El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha registrado una batería de alegaciones al denominado Plan estratégico de subvenciones 2017-2019, aprobado en el Pleno del pasado mes de marzo por el Equipo de Gobierno del PP y de la diputada tránsfuga. Según ha explicado el portavoz socialista, Julio García, el objetivo es conseguir que la fórmula habitual para conceder estas ayudas sea la concurrencia competitiva, tal como establece la ley, en vez de hacerlo mediante concesión directa.

García ha denunciado que en este Plan se observa “un abuso generalizado de la concesión directa, que desvirtúa y contradice lo dispuesto en la ley, mientras que la concurrencia competitiva es prácticamente la excepción”. De hecho, un 78% de las subvenciones se otorga mediante concesión directa, una cifra que García considera “totalmente desproporcionada”. En algunos casos, incluso, incurre en una contradicción flagrante al hablar de convocatoria de ayudas que luego se reparten de manera directa.

El portavoz socialista ha explicado también que el rechazo no solo tiene que ver con el contenido del documento, sino con la forma en que se ha tramitado, sin dar participación a los grupos de la oposición. “Se ve que para este Equipo de Gobierno la participación consiste ya solamente en contárselo a la diputada a la que han comprado el voto”, ha ironizado. Por eso, el Grupo Socialista se ha visto obligado a esperar a la apertura del periodo de alegaciones para presentar sus propuestas “en positivo”, que incluyen tanto modificaciones para mejorar el documento como la incorporación de nuevas líneas de ayuda.

Aumento de ayudas
Entre las primeras, se pide que la partida de 115.000 euros destinada a sufragar obras menores y reparaciones imprevistas en los municipios se amplíe este año hasta los 600.000 euros y llegue hasta al millón progresivamente. La cantidad establecida ahora resulta totalmente insuficiente. “En una provincia con tantos municipios pequeños y con pocos recursos, o bien habría que desestimar la inmensa mayoría de las solicitudes, o bien las ayudas serían tan exiguas que no resolverían las carencias a las que se pretende poner remedio”, ha señalado García.

También ha reclamado que se introduzca la concurrencia competitiva en las subvenciones a colectivos juveniles, a grupos de teatro aficionado o a proyectos empresariales ligados al desarrollo rural, y que se acabe con la concesión de ayudas directas a determinados ayuntamientos, como los de Molina de Aragón y Guadalajara, que suponen una clara discriminación para el resto.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara es el único de toda la provincia que recibe ayudas para emergencia social mediante un convenio dotado con 50.000 euros anuales, pese a que su capacidad presupuestaria está muy por encima del resto. A su vez, al Ayuntamiento de Molina de Aragón se le conceden 20.000 euros anuales para la difusión del geoparque, dejando fuera al resto de municipios que forman parte de él.

Las nuevas líneas de ayuda que plantea irían dirigidas al mantenimiento de rutas de senderismo y cicloturismo, así como de equipamientos turísticos o pequeños museos de titularidad municipal, a la promoción de escuelas y bandas municipales de música y a potenciar proyectos que fomenten la igualdad y la lucha contra la violencia de género o la atención de necesidades sociales. En cuanto a la cooperación al desarrollo, el Grupo Socialista aspira a recuperar el 0,7% del presupuesto de la Diputación, que ahora tan solo destina un 0,2% a este fin.

El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ya ha presentado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo un recurso “para tratar de parar el acuerdo ilegal, ilegítimo e indecente entre el Equipo de Gobierno del PP y la diputada tránsfuga Yolanda Ramírez, cuyo voto se ha comprado con una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales que no le corresponde”, ha explicado el portavoz socialista, Julio García.

Tras agregar que estamos ante “la materialización de un caso claro de transfuguismo y de corrupción política”, ha asegurado que se trata de “un escándalo político de primera magnitud, al que debería oponerse con todas sus fuerzas cualquier demócrata decente, porque es pura corrupción política”. Por eso, ha recalcado que el PSOE se ha mostrado dispuesto desde el primer momento a combatirlo por todos los medios a su alcance, y para ello no ha dudado en acudir a los tribunales. García ha hecho estas manifestaciones a las puertas del edificio que alberga el Juzgado, donde ha acudido acompañado por varios diputados provinciales del Grupo Socialista.

El portavoz socialista se ha mostrado convencido de que el acuerdo aprobado en Pleno el pasado de enero por el PP y la propia diputada tránsfuga es ilegal, porque incumple la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que limitan los derechos económicos de quienes abandonan el grupo político por el que resultaron elegidos. Además, se salta el Reglamento de la Diputación –un documento que igualmente restringe los derechos económicos de los diputados no adscritos– y el Código de Buen Gobierno de la propia Corporación, en el que se establece como norma de obligado cumplimiento el pacto antitransfuguismo.

Comisión de Transparencia sin convocar
Por otro lado, García ha denunciado que aún no se ha convocado la Comisión de Seguimiento del Plan de Transparencia y Buen Gobierno, solicitada por vía urgente hace más de un mes para analizar el caso de transfuguismo, y también para cumplir con la obligación de presentar el informe anual. “Esta falta de respuesta da idea de lo que le importan al PP de Guarinos y de Latre la transparencia y un Código de Buen Gobierno que tan solo se aprobó como una operación de maquillaje para salir del furgón de cola en materia de transparencia, pero sin ninguna voluntad de atenderlo”, ha afirmado. De hecho, la Diputación de Guadalajara ocupó el último lugar en el informe elaborado por la organización independiente Transparencia Internacional en 2013 sobre estas administraciones.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha denunciado que “seis personas designadas por el PP” decidieron ayer cambiar por su cuenta los Estatutos del Consorcio provincial de Bomberos, que fueron aprobados por representantes designados por el 99% de los municipios de la provincia, y además lo hicieron ignorando una resolución judicial que lo impedía. Por eso, ha anunciado que va a solicitar un informe jurídico sobre la procedencia de llevar a los tribunales unos hechos, “que en apariencia encajan en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal”.

Según ha recordado, en diciembre de 2015, el Equipo de Gobierno del PP –con la colaboración de la entonces diputada de Ciudadanos– decidió dar un golpe de mano en los consorcios provinciales de Bomberos y Residuos, privando a los ayuntamientos de tener voz y voto en los órganos de decisión. En ambos casos, las asambleas generales que estaban integradas por representantes de todos los ayuntamientos consorciados fueron sustituidas por otras de las que solo forman parte unos pocos representantes elegidos por los grupos políticos de la Corporación provincial: nueve en el caso del Consorcio de Residuos y 12 en el de Bomberos.

Aunque estos acuerdos están recurridos por vía judicial, la Diputación decidió “pisar el acelerador” ya a finales del año pasado y trató de que estas nuevas “mini asambleas” modificaran los Estatutos de ambos consorcios para incluir en ellos la nueva composición. “No lo pudieron llevar a cabo porque los ayuntamientos que habían acudido a los tribunales pidieron la suspensión cautelar y el juez les dio la razón, entendiendo que no podía hacerse hasta tener resueltos los recursos”, ha explicado García.

“Fue un verdadero varapalo judicial, que el Equipo de Gobierno no ha digerido bien, por lo que se ve. Tan solo tres meses después ha vuelto a convocar sendas asambleas, incluyendo nuevamente en el orden del día el cambio de Estatutos, y haciendo caso omiso de unas resoluciones judiciales que son de claridad meridiana”, ha agregado. De hecho, ayer mismo los representantes del PP acordaron cambiar los Estatutos del Consorcio de Bomberos, pese a las advertencias y a la posición en contra tanto del PSOE como de Ahora Guadalajara.

“Se ha desobedecido sin ningún tipo de reparo el contenido de una resolución judicial que era muy clara en sus pronunciamientos, y aunque se refería a la asamblea convocada en diciembre, sus fundamentos jurídicos siguen vigentes”, ha aclarado el portavoz socialista. El PP se ha justificado argumentando que el pronunciamiento del juez tan solo servía para aquella convocatoria, algo que García ha calificado como “una falta de respeto absoluto a las normas y a las resoluciones judiciales que en su día apreciaron que no debía avanzarse más antes de estar solucionado el fondo del asunto”.

Las inversiones directas de la Diputación de Guadalajara en los municipios de la provincia han caído un 40% durante la etapa de Gobierno del PP, según ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Julio García. Mientras que en el año 2011 la cifra superaba los 10 millones de euros, en este año ni siquiera llegará a 6,5 millones, según los datos que aparecen en el presupuesto.

García ha respondido así al balance que hizo ayer la vicepresidenta y responsable de Economía, Ana Guarinos, quien aseguró en su comparecencia que “cuanto mejor sea la situación económica de la Diputación, más y mejores inversiones podremos realizar en los municipios”. Según ha indicado el portavoz socialista, “aunque debería ser así, la realidad nos dice que esa afirmación no se sostiene”.

Pese a que el esfuerzo que ha implicado el Plan de Carreteras en los años transcurridos desde su arranque, en el año 2009, está tocando a su fin, y por tanto deberían aumentar los recursos destinados a inversiones directas en los pueblos, el Equipo de Gobierno del PP está evidenciando una total falta de compromiso con ellos. “Si de verdad quieren que los municipios se beneficien de la buena situación económica de la Diputación, como dice Guarinos, lo que no se explica es por qué no están participando de ella”, ha indicado García.

Además, si la previsión de inversiones ya resulta escasa, el resultado final es aún peor por el bajo nivel de ejecución. Si en 2015, se quedó en el 60%, el año pasado ni siquiera alcanzó esa cifra. Ese bajo nivel de ejecución, junto con las limitaciones impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, está arrastrando el presupuesto de la Diputación hacia un adelgazamiento progresivo del que los principales perjudicados son los pequeños municipios.

“De nada sirve a los municipios que Guarinos presuma de resultados económicos, si mientras tanto siguen en una situación precaria, con servicios e infraestructuras necesitados de importantes mejoras, y sufriendo una progresiva pérdida de población. Estas deberían ser las principales preocupaciones del Equipo de Gobierno de la Diputación, cuya razón de ser es, precisamente, la ayuda los pueblos más pequeños y con menos recursos”, ha remachado el portavoz socialista.

El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha denunciado que el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, “confunda la labor que corresponde a ese cargo con sus actividades de partido, y utilice el nombre, los recursos, y los canales de comunicación de la Corporación para actividades partidistas, a las que pretende dar un carácter institucional que no tienen”. García se ha referido así a una nota informativa que fue difundida ayer por Latre y publicada en la web corporativa en la que daba cuenta de una reunión con dos de los integrantes del PP en la Comisión especial sobre la evolución demográfica en España, recientemente creada en el Senado.

Aunque la información aseguraba que el presidente de la Diputación había mantenido “un encuentro de trabajo” con el “portavoz” de la Comisión, cargo que atribuía a Antonio Ángel Clemente, lo cierto es que este senador del PP solo actúa como tal en nombre del PP, pero de ninguna manera representa al resto de grupos. Otro tanto ocurría con la senadora del PP por Guadalajara Ana González, presentada como “viceportavoz”, sin aclarar que solo desempeña esa labor en representación del PP. La senadora del PSOE por Guadalajara, Riansares Serrano, sin ir más lejos, también es vocal de esa comisión, pero por supuesto no ha sido invitada a tal reunión.

“Lamentamos que se haya querido dar carácter institucional a lo que no ha sido más que un encuentro de partido. Si de verdad Latre hubiera querido ofrecer la colaboración de la Diputación, habría convocado al presidente de la Comisión y a parlamentarios de todas las fuerzas políticas y, además, tendría que haber informado de ello al resto de grupos que formamos parte de la Corporación provincial. En cambio, como lo único que ha hecho es reunirse con representantes de su partido, consideramos que ni debería utilizar el tratamiento institucional ni los medios de la corporación para informar de ella”, ha asegurado García.

Además, ha reclamado a Latre que la Diputación asuma un papel más protagonista en la lucha contra la despoblación en nuestra provincia, empezando por reivindicar ante el Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga la cooperación del estado con los municipios y los servicios públicos en el medio rural, en vez de permanecer en silencio mientras se reducen efectivos y se cierran cuarteles de la Guardia Civil, como ha ocurrido recientemente en Budia, y oficinas de Registro, como las de Cifuentes y Sacedón. “Tendría que ser el primero en alzar la voz, porque uno de las razones de ser de la Diputación es, precisamente, la defensa de los pueblos más pequeños ante este tipo de agresiones que hacen cada vez más difícil la vida en ellos”, ha señalado el portavoz socialista.