El PSOE denuncia la opacidad informativa del gobierno Guarinos en materia de seguridad y le exige que rinda cuentas a la ciudadanía

• Pilar Sánchez: “nos encontramos con un gobierno que no informa, que no rinde cuentas a la ciudadanía, que se ha asentado en el oscurantismo y lo peor de todo, que no cree tener la obligación de hacerlo. Han pasado casi cinco meses desde que tomaron posesión, y ni un dato, no han ofrecido ni un dato”.

La concejala socialista, Pilar Sánchez, ha denunciado esta mañana “la opacidad informativa en materia de seguridad del gobierno de Ana Guarinos y sus socios de Vox, que desde que tomaron posesión no han ofrecido ni un dato, ni un solo dato no sólo de las actuaciones que son competencia de la Policía Local, si no en momentos de climatología adversa, sumiendo a la ciudad en un caos”.

Sánchez ha querido comparecer ante los medios de comunicación para reclamar “transparencia” a la alcaldesa. “Le exigimos veracidad como garante de nuestro sistema democrático y que retome dar cuentas cada cuatrimestre de la labor de nuestra Policía Local, porque es su obligación”.

 “Esta opacidad informativa—ha añadido Sánchez—“nos hace volvernos a preguntar si de verdad Ana Guarinos y Vox, que precisamente son los responsables de la seguridad de la ciudad, en manos de su concejal José María Antón, están capacitados para gobernarnos”.

La concejala socialista ha recordado que durante la pasada legislatura, “sufrimos el acoso de un Partido Popular y de Vox que nos acusaron de no dar información en materia de seguridad, cuando durante todo el 2020, el año de la pandemia, estuvimos informando semanalmente y a partir de 2021 empezamos a comparecer cada cuatrimestre ante los medios de comunicación para dar cuenta de la memoria de la Policía Local; parece que ahora, esa información ya no les interesa”, ha sentenciado.

Un balance que el gobierno de Alberto Rojo ofrecía puntualmente sobre actuaciones en materia de accidentes; controles de alcoholemia y drogas; número global de denuncias, así como las vulneraciones de ordenanzas relacionadas con la práctica del botellón, la tenencia de animales y la limpieza viaria, estética e higiene urbana.

En definitiva, de todas aquellas actuaciones y materias que son competencia de la Policía Local; así como de la unidad de Viogen; la Unidad de Mayores y Agentes Tutores.

Y en aras de la transparencia informativa, Sánchez ha recordado también que durante “nuestro gobierno dotamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de redes sociales con el objetivo de ser más transparentes, más cercanos; de llegar a nuestros vecinos y vecinas a través de todos los canales de comunicación de los que disponíamos como Ayuntamiento y sinceramente, creo que la ciudadanía lo agradeció”.

Sin embargo, ha evidenciado la concejala, “estamos ante un gobierno que no informa, que no rinde cuentas a la ciudadanía, que se ha asentado en el oscurantismo y lo peor de todo, que no cree tener la obligación de hacerlo. Han pasado casi cinco meses desde que tomaron posesión, y ni un dato, no han ofrecido ni un dato”.

Para Pilar Sánchez, es intolerable que “un día como el pasado 19 de octubre, con la previsión de fuertes lluvias que había, que el Ayuntamiento no informara cuando se estaban cortando calles, o el mismo túnel de aguas vivas, y la ciudad se convirtiera en un caos”, y ha aprovechado para agradecer a la Policía Local que sí mantuviera informada a la población a través de sus redes”.

Una decisión “unilateral”

Por otro lado, y en esta misma línea, la concejala ha querido referirse a la decisión “unilateral del gobierno municipal” de modificar la zona verde del aparcamiento de Santa María y pasarla a zona azul, “una medida que ha generado las críticas entre el vecindario y trabajadores y trabajadoras, que se podía haber salvado hablando con las personas afectadas, y no únicamente con comercios. Pero este gobierno no habla, no se comunica con la gente”.

En este sentido, Sánchez se ha referido a la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, solicitando que las personas que trabajen en este entorno sean consideradas como residentes, “una solución que podría haberse dado a este conflicto”, pero que finalmente fue rechazada.