Los pueblos pierden más del 30% de las inversiones anunciadas en los planes provinciales

El Grupo Socialista va a presentar en el próximo Pleno de la Diputación de Guadalajara una moción para tratar de asegurar que se ejecuta al cien por cien en cada municipio la cantidad que tiene asignada en los planes provinciales de obras, el principal programa de ayuda directa a los pueblos. Actualmente, están perdiendo en torno a un tercio de la inversión anunciada.

Según ha explicado el portavoz socialista, Julio García, este desfase se produce porque los presupuestos que saca a licitación la Diputación están muy por encima de los precios reales que ofrecen las empresas, de modo que los proyectos se adjudican con bajas que superan el 30% de media y a menudo llegan al 40%. “Hay pueblos que tienen asignados 40.000 euros, pero en realidad se tienen que conformar con inversiones por importe de 25.000 euros El resto va a remanentes”, ha señalado García.

De hecho, según su estimación, “de cada tres euros que el Equipo de Gobierno dice que va a invertir en los planes provinciales, al menos uno se destina a otros fines”. El resultado es que la Diputación no va a invertir realmente en los pueblos los 16 millones que comprometió en este mandato para planes provinciales, sino apenas 10 millones, o 12 en el mejor de los casos. “Mientras, los municipios perciben que se les priva de una parte muy importante de los recursos que les corresponden. Se sienten un tanto engañados, y no les falta razón, sobre todo cuando constatan el sectarismo que suele emplear el Equipo de Gobierno al distribuir los remanentes”, ha agregado.

Desfase va a más
El Grupo Socialista ya ha denunciado esta situación en ocasiones anteriores y planteado alternativas, pero han sido desatendidas y el problema no solo persiste, sino que va a más. En las adjudicaciones de los planes provinciales de 2015 y 2016 el promedio en las bajas de adjudicación superaba 30% –en algunos casos llegaban a superar el 45%–, pero en las que se han producido hasta ahora del Plan Provincial de 2017 incluso se registra un significativo incremento que eleva hasta el 34% el promedio.

“Por eso, seguimos pensando que es necesario corregir de algún modo ese desfase, y planteamos una nueva propuesta para que la inversión real se ajuste todo lo posible a las cantidades inicialmente asignadas”, ha indicado el portavoz socialista. Se trataría de introducir otros criterios de adjudicación –además del precio– para valorar también el volumen de obra, de manera que se pueda considerar que una oferta es más ventajosa si contempla un mayor volumen de obra, y no solo si es más barata.

“Lo que pedimos es que los servicios jurídicos y técnicos estudien la introducción de mejoras o variantes en los proyectos y en los pliegos que, sin perjudicar la concurrencia de ofertas, puedan valorarse junto con el precio a la hora de adjudicar, y permitan ejecutar mayor volumen de obra. De esa forma se optimizaría el aprovechamiento en cada municipio de las cantidades asignadas a cada uno de ellos”, ha subrayado. Esta mejora habría de ofertarse de manera objetiva sobre precios y presupuestos contenidos en los propios proyectos, de manera que su valoración podría resultar tan automática como la del precio.

El portavoz socialista ha insistido en que “la oferta económicamente más ventajosa debe ser aquella que mejor satisface los intereses públicos que gestiona la administración que contrata; es decir, aquella propuesta que mejor y con más eficiencia sirve a esos intereses, y no cabe duda de que el interés público, en la gestión de la Diputación, está en aprovechar al máximo las posibilidades de ayudar a los municipios”.

Ejemplo
Para aclarar el contenido de la propuesta, ha puesto un ejemplo concreto: “En un proyecto de 50.000 euros que contemple la pavimentación de las calles A, B y C de un municipio cualquiera, si el adjudicatario hace una baja del 40%, se pavimentarán las tres calles, pero se habrán dejado de invertir 20.000 euros en el pueblo. Con la propuesta que presentamos, se podría valorar la ejecución de alguna calle más, incluyéndola como mejora, aunque la baja sea lógicamente menor”.

En su opinión, esta opción solo puede tener ventajas. “Desde el punto de vista administrativo, tan ventajosa es la oferta que rebaja el precio en un 30%, como la que hace un 30% más de obra. Desde el punto de vista de los pueblos, es claramente más favorable: en vez de actuar para mejorar solo dos calles, lo podrían hacer en tres; o en vez de en tres, en cuatro o en cinco. Por último, para las empresas creemos que también es más ventajoso. Aunque su oferta sea igual de ajustada en el precio, podrán defender mejor la rebaja si hacen mayor volumen de obra”.

Por tanto, ha concluido, “sólo podría haber una razón para que el Equipo de Gobierno se niegue a adoptar este sistema: el empeño en que los planes provinciales generen remanentes de los que disponer a su antojo, puesto que solo este programa y el de mejora caminos se distribuyen de