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Un convenio urbanístico del PP cuesta 2,6 millones de euros a los vecinos de Guadalajara

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El equipo de Gobierno de Antonio Román lleva al pleno del próximo viernes una modificación de crédito para liberar de los presupuestos municipales 2,6 millones de euros que van a ser pagados a SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento.

Este pago está ordenado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, como consecuencia de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Guadalajara con SEPES para la urbanización de Aguas Vivas en 1993 y renovado en 2002, con José María Bris en la Alcaldía y Antonio Román formando parte de su equipo de Gobierno.

En virtud de dichos convenios, a cambio de la urbanización de Aguas Vivas y la ampliación de Aguas Vivas, el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometía a devolver a SEPES todos los impuestos derivados de las parcelas resultantes de la urbanización que mientras fueran propiedad de esta empresa pública. El equipo de Gobierno de Antonio Román dejó de cumplir esta obligación en 2012, lo que motivó que los responsables de SEPES reclamasen la devolución del IBI de los años transcurridos desde entonces ante los tribunales, ganando el caso primero en Guadalajara y ahora en el TSJ de Castilla-La Mancha.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha recalcado que “la ciudad de Guadalajara y sus vecinos pierden 2,6 millones de euros, que en lugar de ser para la ciudadanía, van a ir a una empresa promotora y urbanizadora de suelo como consecuencia de un convenio del PP, que pesa como una losa”.

Y es que, tal como ha advertido Jiménez, “hasta que SEPES no venda esas parcelas, vamos a seguir pagándole todos los vecinos de Guadalajara los tributos asociados a esas parcelas y, desde luego, no es incentivador para que SEPES las venda que sus responsables sepan que mantenerlas bajo su titularidad les sale a coste cero”.

El portavoz socialista ha subrayado que “esta situación conlleva un detraimiento de recursos públicos que podrían destinarse a servicios municipales, pero que son para cumplir sentencias y convenios del todo inadecuados para los intereses de la ciudad y los vecinos”.

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